Ciudad de México, 4 de septiembre de 2026.- El Gobierno de México solicitó a las autoridades de Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. La petición responde a una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta solicitud fue tramitada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y actualmente está en análisis por las autoridades estadounidenses. El procedimiento se realiza bajo el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que permite la detención urgente antes de la entrega formal del expediente definitivo.
Este mecanismo legal ha sido utilizado en casos recientes, como la detención solicitada en mayo pasado contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. En el caso de Pereyra Gálvez, la FGR emitió la orden de captura en julio de 2023, junto con otras contra familiares de García Luna, por su presunta implicación en un esquema criminal.
Implicaciones en el sistema penitenciario federal
Las investigaciones señalan que la esposa de García Luna habría desempeñado un papel central en una red de más de 50 personas dedicada a la adjudicación irregular de contratos para el equipamiento del sistema penitenciario federal. La Fiscalía estima que el daño económico al erario público supera los cinco mil millones de pesos.
Este esquema delictivo habría afectado la transparencia y el correcto uso de recursos públicos destinados a la seguridad y administración penitenciaria. La FGR continúa con las indagatorias para esclarecer la participación de todos los involucrados y avanzar en los procesos legales correspondientes.
Proceso legal y próximos pasos
La detención provisional solicitada a Estados Unidos es un paso previo a la extradición formal de Pereyra Gálvez. Las autoridades mexicanas esperan que la solicitud sea aprobada para continuar con el proceso judicial en México. Mientras tanto, la investigación sigue abierta para fortalecer las pruebas y garantizar el debido proceso.
Este caso representa un esfuerzo por combatir la corrupción vinculada a altos funcionarios y sus familiares, con impacto directo en la administración pública y la confianza ciudadana.
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