Internacional, 1 de septiembre de 2026.- El reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, anunciado por los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez, ha generado críticas por la falta de transparencia y dudas sobre los beneficios reales para ambas naciones. El pacto permitiría a Estados Unidos acceder a 17 campos petroleros con reservas estimadas en 65 mil millones de barriles, consolidando su participación directa en la industria venezolana.
Según reportes de The Wall Street Journal, Washington planea adquirir una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa privada liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. La inversión se estructuraría a través de opciones de compra de bajo costo, lo que facilitaría la entrada financiera estadounidense sin un desembolso inicial significativo.
Además, Estados Unidos obtendría derechos preferenciales para comprar el 20% del petróleo producido por NABEP a precio de costo. Este acuerdo no fue sometido a un proceso competitivo y las negociaciones se mantuvieron en secreto hasta la semana pasada, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad y alcance.
Críticas y cuestionamientos al acuerdo petrolero EU Venezuela
Expertos y sectores de la oposición venezolana han señalado que el pacto fortalece al gobierno de Delcy Rodríguez sin garantías democráticas ni transparencia. María Corina Machado, líder opositora, ha expresado que acuerdos de esta magnitud deben negociarse con un gobierno legítimo y bajo un sistema que ofrezca seguridad jurídica a largo plazo.
Ricardo Hausmann, exministro venezolano y profesor en Harvard, calificó el acuerdo de “vergonzoso” por la falta de autoridad constitucional del gobierno actual para comprometer recursos estratégicos. Por su parte, Francisco Palmieri, exdiplomático estadounidense, advirtió que la alianza podría incentivar al régimen a retrasar una transición democrática bajo el argumento de mantener estabilidad.
Implicaciones políticas y económicas del pacto
El uso de una empresa privada como vehículo para el acuerdo busca vincular a futuros gobiernos venezolanos y dificultar la reversión del pacto. Esto tiene un impacto político relevante en un contexto donde la oposición sigue demandando una transición democrática. La participación de Betancourt, empresario vinculado a contratos estatales durante el chavismo y bajo investigación por presunto lavado de dinero, añade controversia al acuerdo.
En conjunto, el pacto representa un cambio significativo en la relación energética entre Estados Unidos y Venezuela, con implicaciones que podrían extenderse más allá de la administración Trump, prevista para concluir en 2029.
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