Guido Bellido, legislador y exprimer ministro de Perú, anunció este martes que pedirá al Congreso de su país que amnistíe al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien permanece en prisión preventiva mientras es investigado por intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
“Elaboramos un proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo en respuesta al clamor social y respaldo popular”, anunció en Twitter Bellido, quien fue el primer presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Castillo, que comenzó el 28 de junio de 2021.
El también parlamentario izquierdista aseguró que considera que el fallido intento de golpe de Estado de Castillo, “en el marco penal, no generó una afectación real a bienes jurídicos, por el contrario, reflejó una respuesta a la mezquindad política”.
Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración tras haber sido destituido el 7 de diciembre por el Congreso luego de anunciar, en un mensaje televisado, que iba a disolver el Legislativo, gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura.
En marzo pasado, el Poder Judicial dictó otra orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente haber liderado una organización criminal al interior del Ejecutivo peruano.
Durante la noche de este lunes, el abogado Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa del gobierno de Castillo, anunció en Twitter que ha dejado la defensa del exmandatario en un proceso de amparo que pide que sea restituido en el cargo.
Este proceso fue presentado en enero pasado por considerar que el Congreso incumplió con los procedimientos legales al momento de destituir al hasta entonces mandatario.
Este martes también se informó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada una tutela de derechos presentada por Castillo para que se anule la investigación por presunta rebelión que se sigue en su contra.
El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó el planteamiento de los abogados del exgobernante, que aseguraron que el Ministerio Público no podía imputar el delito de rebelión.
Checkley consideró que los cargos sí tienen relación con los elementos de convicción que presentó la Fiscalía y que los derechos de Castillo no han sido vulnerados.
No puede considerarse que se vulneró el principio de imputación necesaria o suficiente o que se hayan afectado sus derechos fundamentales durante la presente investigación preparatoria; consecuentemente, deberá declararse infundada la presente solicitud de tutela de derechos”, señaló la resolución, que fue publicada por el Poder Judicial.
En los últimos meses Castillo ha pedido en reiteradas ocasiones al Poder Judicial, mediante apelaciones, amparos y otros recursos, que anule la prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra, aludiendo a una supuesta vulneración de su derecho al antejuicio político, un proceso a cargo del Congreso, con el que mantuvo una dura pugna durante su gestión.
Con información de EFE
