Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otras nueve personas señaladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que no le pareció adecuado el regreso de Rocha a su cargo mientras continúan las indagatorias.
Sheinbaum aclaró que su postura no implica una acusación directa contra el mandatario sinaloense, sino que corresponde a la FGR determinar si existen responsabilidades. Sin embargo, consideró que lo prudente es que una persona bajo investigación se separe temporalmente del cargo público.
El gobernador Rocha regresó a sus funciones el viernes pasado, decisión que la mandataria federal conoció únicamente por una publicación en redes sociales del propio Rocha. Al día siguiente, el gobernador volvió a solicitar licencia para separarse del cargo.
“No tuve conocimiento previo de su regreso y me pareció imprudente”, afirmó Sheinbaum, quien también cuestionó la necesidad de que Rocha retomara el gobierno mientras las investigaciones siguen abiertas.
La FGR continúa con sus propias indagatorias, ya que hasta ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha entregado pruebas que sustenten las acusaciones. Desde la administración pasada se iniciaron investigaciones relacionadas con Sinaloa, y tras los señalamientos estadounidenses se abrieron diez carpetas para revisar posibles responsabilidades.
Investigación y postura del gobierno federal
La presidenta enfatizó que la responsabilidad penal de Rocha Moya debe determinarla exclusivamente la fiscalía, sin intervención del gobierno federal ni de partidos políticos. También descartó especulaciones sobre el regreso de Rocha para recuperar el fuero tras la detención de Fausto Corrales, vinculado al secuestro de Ismael El Mayo Zambada.
Respecto a la posible designación de un gobernador sustituto, Sheinbaum señaló que el Congreso de Sinaloa debe elegir a una persona con capacidad, honestidad y compromiso con la población. Además, indicó que la coordinación entre la fiscalía y el gobierno federal no afecta la autonomía de las investigaciones.
Implicaciones políticas y próximas acciones
El retiro del respaldo político de Morena a Rocha Moya fue una decisión política y no implica una presunción judicial. La presidenta reiteró que México no puede proceder contra las personas señaladas sin pruebas formales, al igual que cuando se solicita cooperación internacional para detenciones o extradiciones.
La FGR deberá informar sobre el estado de las investigaciones, incluyendo posibles congelamientos de cuentas o acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mientras tanto, la situación legal de Rocha y los demás investigados sigue bajo análisis.
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