Internacional, 24 de agosto de 2026.- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este sábado una reforma constitucional que prohíbe la aplicación de leyes y normativas extranjeras en el país, salvo los convenios internacionales que el propio Gobierno ratifique. La medida fue impulsada por el oficialismo y se realizó en una sesión especial en el Palacio Nacional de la Cultura.
Esta modificación añade un nuevo párrafo al artículo 12 de la Constitución Política de Nicaragua. Con ello, se establece que ninguna ley, reglamento o resolución de origen internacional tendrá validez legal en el territorio nacional, a menos que haya sido suscrita y ratificada directamente por el Gobierno nicaragüense.
El Gobierno de Daniel Ortega, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, afirmó que en Nicaragua “no tiene efecto jurídico ninguna legislación extranjera que pretenda imponerse sobre la voluntad de nuestro pueblo”. Esta declaración subraya la intención de reforzar la soberanía nacional frente a normativas externas.
La reforma se aprobó en el marco del 48 aniversario de la operación “Muerte al Somocismo”, un evento histórico que fue recordado durante la sesión especial. La decisión llega en un contexto de tensión política, luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) convocara a una reunión urgente de cancilleres para analizar la situación de Nicaragua.
Dicha convocatoria surge tras la amenaza del presidente Ortega de cancelar las próximas elecciones, lo que ha generado preocupación internacional sobre el estado democrático del país. La fecha para la reunión de cancilleres aún no ha sido definida.
Nicaragua refuerza su soberanía legal
Con esta reforma, el Gobierno nicaragüense busca limitar la influencia de normativas externas en su legislación interna. La exclusión de leyes extranjeras, salvo las ratificadas, implica un cambio significativo en la relación del país con organismos internacionales y tratados multilaterales.
Contexto político y repercusiones internacionales
La medida se interpreta como una respuesta directa a presiones internacionales y a la resolución aprobada por la OEA para evaluar la crisis política en Nicaragua. El control oficialista en la Asamblea Nacional facilitó la aprobación rápida de esta reforma, que podría afectar futuras negociaciones y acuerdos internacionales.
El seguimiento a esta reforma y la reunión de cancilleres serán clave para entender el rumbo político y legal que tomará Nicaragua en los próximos meses.
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