Ciudad de México, 23 de agosto de 2026.- El grupo parlamentario del PRI presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Sancionar y Reparar Integralmente el Delito de Feminicidio en México. Esta propuesta busca complementar y elevar los estándares de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa priista plantea definir con claridad los derechos y principios que regirán la política pública contra el feminicidio. Además, busca uniformar la tipificación del delito y establecer mecanismos claros para su prevención, detección y protección de las víctimas.
Entre los puntos destacados se encuentra la creación de un Modelo Nacional de Riesgo Letal que incluye órdenes de protección autónomas. También se propone un Sistema Nacional de Información con un Identificador Único de Caso para evitar la pérdida o extravío burocrático de expedientes, lo que ha sido un problema recurrente en la investigación de estos delitos.
Asimismo, la iniciativa del PRI contempla prohibir la neutralidad presupuestaria para garantizar recursos específicos en el Anexo Transversal. Esto asegura que la política contra el feminicidio cuente con financiamiento estable y no se vea afectada por recortes o reasignaciones.
Estándares claros para investigación y reparación
El proyecto también establece estándares para la investigación de feminicidios, con el fin de evitar omisiones o negligencias por parte de las autoridades. Además, incluye planes de restitución integral de derechos para la niñez que queda en orfandad tras estos crímenes.
La propuesta priista se diferencia de la iniciativa del Ejecutivo Federal al incorporar salvaguardas operativas y elementos de ejecución que buscan cerrar el circuito desde la primera señal de riesgo hasta las garantías de no repetición. También tipifica como faltas graves la omisión o negligencia de autoridades en estos casos.
Impacto y seguimiento de la iniciativa priista
Los senadores y senadoras del PRI afirmaron que esta ley integral transformaría la respuesta penal predominante en una política pública enfocada en proteger la vida y la integridad de las mujeres en todo el país. La propuesta está en proceso de análisis en la Comisión Permanente y podría marcar un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en México.
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