Quintana Roo, 21 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que un juez de control vinculó a proceso a Claudia Patricia “N” por su probable participación en delitos de violencia familiar, lesiones calificadas y tortura en agravio de su hija de ocho años.
La vinculación a proceso se dictó tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género. La imputada permanecerá bajo prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso judicial.
El caso se originó en Playa del Carmen, luego de que elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género (GEAVIG) atendieran un reporte derivado de una denuncia anónima por maltrato infantil extremo en un domicilio del fraccionamiento Villamar I.
FGE Quintana Roo vincula a proceso por maltrato y tortura infantil
El dictamen médico confirmó que la menor presenta lesiones de diferentes temporalidades, compatibles con agresiones físicas y psicológicas reiteradas. Además, las investigaciones señalaron que Claudia Patricia “N” incurrió en omisión de cuidado, como negar alimentos, obligar a la niña a realizar labores domésticas excesivas y mantenerla encerrada durante varios días.
La Fiscalía General del Estado cumplió con la orden de aprehensión contra la imputada, lo que permitió que la autoridad judicial dictara la vinculación a proceso. La medida cautelar de prisión preventiva justificada busca garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo del proceso legal.
Impacto y seguimiento en casos de violencia familiar en Quintana Roo
Este caso refleja la atención especializada que la FGE brinda a delitos cometidos contra mujeres y menores en Quintana Roo. La vinculación a proceso es un paso clave para asegurar que los responsables enfrenten la justicia y se protejan los derechos de las víctimas.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer todos los hechos y garantizar que se sancione conforme a la ley. Mientras tanto, la menor recibe atención médica y psicológica para su recuperación integral.
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