Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por mayoría de votos los requisitos de contar con título profesional y tener un “modo honesto de vivir” para ocupar la Dirección de Atención para las Personas Indígenas y Afromexicanas en Baja California Sur.
El Pleno del Máximo Tribunal resolvió el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, derivado de la acción de inconstitucionalidad 124/2026 promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Esta impugnación cuestionaba las fracciones I y II de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de la entidad, que establecían esos requisitos para el cargo.
Durante la sesión, el presidente de la SCJN, ministro Hugo Aguilar Ortiz, expresó su preocupación por la eliminación del requisito de “modo honesto de vivir”. Señaló que en el contexto actual del país existe una decadencia en el servicio público, donde no siempre se respetan principios éticos ni normas, por lo que consideró importante darle contenido a esa expresión constitucional.
En contraste, la ministra María Estela Ríos defendió la integridad de la mayoría de los servidores públicos con los que ha trabajado. Indicó que, en su experiencia, la mayoría cumple con sus funciones y actúa conforme a la ley, por lo que no consideró necesario mantener ese requisito en la legislación estatal.
Finalmente, el proyecto de la ministra Esquivel Mossa fue aprobado por siete votos a favor, invalidando los requisitos impugnados. Esta decisión implica que para ocupar la Dirección de Atención a Personas Indígenas y Afromexicanas en Baja California Sur ya no será obligatorio presentar título profesional ni demostrar un modo honesto de vivir.
Implicaciones de la decisión de la SCJN
La sentencia genera un precedente importante sobre los límites que pueden establecer las leyes estatales para el acceso a cargos públicos. La Corte reafirmó que ciertos requisitos pueden ser considerados restrictivos o vagos, como el concepto de “modo honesto de vivir”, que carece de definición clara y puede afectar derechos constitucionales.
Debate sobre ética y profesionalismo en el servicio público
El debate en el pleno evidenció la tensión entre la necesidad de garantizar la honestidad en el servicio público y evitar criterios subjetivos que limiten el acceso a cargos. Mientras algunos ministros alertaron sobre la corrupción y falta de principios éticos, otros destacaron la profesionalización y cumplimiento legal de los servidores públicos.
Con esta resolución, la SCJN establece un criterio que podría influir en otras legislaciones estatales y en la regulación de requisitos para cargos públicos relacionados con grupos vulnerables.
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