Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad tres proyectos presentados por la ministra Yasmín Esquivel Mossa que buscan garantizar condiciones dignas y derechos laborales para las personas trabajadoras del campo en México.
La ministra Esquivel destacó la importancia de asegurar alojamiento gratuito en espacios que cumplan con condiciones adecuadas de seguridad, higiene y habitabilidad para los trabajadores rurales y sus familias. Esta obligación, afirmó, tiene sustento constitucional y busca garantizar una vida digna para quienes laboran en el sector agrícola.
Además, los proyectos aprobados respaldan el derecho de estos trabajadores a recibir una alimentación sana, suficiente y variada durante su jornada laboral. También se contempla el acceso a agua potable y servicios sanitarios adecuados, elementos esenciales para su bienestar y salud.
Asimismo, se reconoce la necesidad de facilitar el acceso a asistencia médica y medicamentos en casos específicos, así como a servicios educativos y guarderías para sus hijos. Estas medidas buscan fortalecer la protección social y laboral en el campo mexicano.
Proyectos para mejorar condiciones laborales en el campo
Durante la sesión del Pleno, ministras y ministros valoraron las consideraciones presentadas por Esquivel Mossa y resaltaron que estas resoluciones envían un mensaje claro: el desarrollo del campo debe basarse en la dignidad y derechos de quienes lo trabajan diariamente.
El reconocimiento de estos derechos laborales implica garantizar condiciones más justas, seguras y humanas para los trabajadores rurales. De esta forma, se contribuye a mejorar su calidad de vida y a reconocer el valor fundamental de su trabajo en la economía nacional.
Impacto y seguimiento de las resoluciones
Con la aprobación de estos proyectos, la SCJN establece un precedente para fortalecer la protección laboral en el sector agrícola. El siguiente paso será la implementación efectiva de estas medidas para asegurar que los derechos reconocidos se traduzcan en mejoras concretas para los trabajadores del campo.
Estas acciones también pueden incentivar a otras instancias gubernamentales y sociales a promover políticas públicas que atiendan las necesidades de este sector, crucial para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país.
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