Buenos Aires, Argentina, 5 de agosto de 2026.- El Senado argentino inició el debate sobre un proyecto de ley que modifica las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, busca ampliar los límites actuales y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.
La propuesta generó protestas convocadas bajo el lema “La patria no se vende”, con la participación de organizaciones sociales, sindicales, ambientales, universitarias y agrupaciones políticas opositoras. La movilización se concentró frente al Congreso Nacional, donde se discute el proyecto.
El proyecto introduce cambios en la legislación vigente sobre tierras rurales, incluyendo modificaciones en procesos de desalojo y expropiaciones. Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación del acceso para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir tierras en Argentina.
Venta de tierras a extranjeros y límites actuales
Actualmente, la ley establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. Además, un mismo titular extranjero no puede tener más de mil hectáreas en la zona agropecuaria núcleo. El proyecto original eliminaba este tope, pero ante la oposición, el gobierno propuso aumentar el límite al 25%.
El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires alertó que esta modificación podría poner en riesgo el acceso del pueblo argentino a sus bienes comunes. Señalan que, aunque a nivel nacional y provincial no se supera el límite actual, existen 36 municipios que ya exceden el 15% de propiedad extranjera.
Además, el proyecto no establece límites claros para la compra de tierras en zonas de frontera ni para propiedades que involucren recursos naturales como espejos de agua o áreas ribereñas, lo que genera preocupación entre diversos sectores.
Impacto y próximos pasos en el Congreso
Si el Senado aprueba la iniciativa, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su análisis. La discusión se centra en equilibrar la atracción de inversiones con la protección de la soberanía territorial y los recursos naturales.
La movilización social y las críticas académicas reflejan la tensión que genera esta propuesta en la sociedad argentina. El debate continuará en las próximas semanas con un seguimiento cercano de diversos actores políticos y sociales.
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