Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la cooperación bilateral permitió desmantelar una red de tráfico de armas a México en Arizona. Esta operación resultó en la detención de cerca de 30 personas y el decomiso de más de 50 mil armas de fuego durante la actual administración estadounidense.
Johnson destacó que cada arma detenida antes de llegar a los cárteles representa un avance en la seguridad de ambas naciones. La investigación, que duró dos años, fue coordinada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) y culminó con la presentación de cargos criminales contra 28 acusados.
La red era encabezada por Fernando Daniel Castro, residente de Phoenix, quien junto con otros co-conspiradores reclutaba compradores testaferros para adquirir armas en establecimientos con licencia federal en Arizona. Posteriormente, estas armas, incluyendo pistolas Glock 19 y fusiles tipo AK, eran comercializadas con conocimiento de que serían introducidas ilegalmente a México.
Detalles de la investigación y acusaciones
El expediente formal incluye 158 cargos por conspiración para la compra ilícita de armas, declaraciones falsas y distribución ilegal. Entre los casos destacados está el de Emmanuel Rabena-Velderrain, detenido con 42 fusiles tipo AK y 42 cargadores, y Amairany Guadalupe Armendariz Alvarez, sentenciada a 24 meses de prisión por posesión de armas con conocimiento del contrabando.
Otros acusados, como Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo, fueron encontrados con un arsenal que incluye ametralladoras y rifles de alto calibre. Además, José Daniel Medina y Juan Jesús Estévez enfrentan cargos por conspiración para contrabandear armas y municiones, con sentencias próximas ante tribunales federales.
Impacto y próximos pasos en el combate al tráfico de armas
Durante la investigación, se ejecutaron múltiples órdenes de registro en residencias y vehículos, asegurando más de 100 armas y 125 mil cartuchos de munición. Los acusados enfrentan penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares. El embajador Johnson afirmó que la administración estadounidense continúa trabajando para desarticular estas redes y fortalecer la seguridad en la región.
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