Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.- Un análisis de EL UNIVERSAL reveló que tres de cada diez aspirantes de la 4T a candidaturas para gubernaturas en 2027 presentan vacíos o falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales. De 111 funcionarios o exfuncionarios con trayectoria pública revisados, 38 no cuentan con un patrimonio verificable.
Morena registró a 277 aspirantes para las coordinaciones estatales que representan las candidaturas oficiales en 17 estados. Sin embargo, sólo se pudo analizar la información de 120 participantes, de los cuales 73 hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, 24 reportaron no tener bienes y 14 no presentaron o negaron divulgar sus datos patrimoniales.
Entre los casos destacados está Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, investigada por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el CJNG. Su declaración patrimonial no está disponible públicamente, aunque se le relaciona con una propiedad valuada en 16 millones de pesos.
Otro caso es Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco, señalada por la Auditoría Superior de Guerrero por irregularidades en el manejo de 898 millones de pesos del FAISMUN. La Suprema Corte anuló la auditoría, pero López no ha hecho públicas sus declaraciones patrimoniales recientes.
Aspirantes con denuncias y falta de transparencia
Además, 17 aspirantes enfrentan investigaciones o señalamientos por corrupción, enriquecimiento ilícito o actos anticipados de campaña. Gerardo Vargas Landeros, expresidente municipal de Ahome, Sinaloa, fue denunciado por contratos irregulares de arrendamiento de patrullas por 171 millones de pesos.
Verónica Díaz Robles y Andrea Chávez, senadoras y aspirantes, han sido señaladas por presuntas irregularidades en contratos y promoción anticipada. Chávez enfrentó medidas cautelares por el Tribunal Electoral de Chihuahua para suspender su propaganda.
Ingresos extra y patrimonio no declarado
Cinco funcionarios reportaron ingresos extra superiores a un millón de pesos anuales por actividades empresariales o rentas. Carlos Puentes Salas, diputado federal, declaró ingresos por arrendamientos por 1.7 millones de pesos y propiedades valuadas en 11 millones. Jesús Ruiz Uribe, exdirector en Baja California, reportó casi 3 millones por actividades industriales y empresariales.
La excomisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, recordó que todos los servidores públicos deben hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, salvo datos personales sensibles. La revisión de aspirantes continúa para definir a los candidatos oficiales de la 4T en las elecciones estatales de 2027.
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