Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a seis integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Ricardo Osuna Tirado, alias “El Tío”, señalado como operador financiero de la facción conocida como “Los Chapitos”.
La detención se efectuó en un operativo conjunto de fuerzas federales en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, donde también fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos exclusivos de las Fuerzas Armadas, así como dinero en efectivo y diversas dosis de fentanilo.
En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Osuna Tirado por lavado de dinero, posesión simple de marihuana y portación de armas y municiones exclusivas del Ejército. Los otros cinco detenidos enfrentan cargos por posesión simple de metanfetamina, fentanilo y armas de uso exclusivo.
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso. Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que la autoridad judicial determine la situación jurídica de los imputados.
Operativo federal en Mazatlán contra Los Chapitos
El operativo en Mazatlán permitió la captura de los seis hombres, quienes permanecen en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 8 “Nor-Poniente”, en Guasave, Sinaloa. La acción forma parte de las investigaciones contra la estructura financiera y operativa del Cártel de Sinaloa.
Los aseguramientos de armas y drogas evidencian la capacidad operativa del grupo delictivo, así como su vinculación con delitos graves contra la salud y la seguridad nacional. La FGR continúa con las indagatorias para desarticular las redes financieras que sostienen a “Los Chapitos”.
Impacto y seguimiento del caso en la justicia federal
La prisión preventiva dictada a los seis imputados busca garantizar la continuidad del proceso penal y evitar su posible fuga o interferencia en las investigaciones. La audiencia de continuación definirá si se vinculan formalmente a proceso.
Este caso representa un avance en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico en México, especialmente en Sinaloa, donde operan múltiples grupos criminales. La FGR mantiene el compromiso de desarticular estas estructuras para reducir la violencia y el crimen organizado.
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