
Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento oficial. El organismo emitió un exhorto de la CNDH por Dafne Zapata dirigido a las autoridades de Tamaulipas. La menor de 13 años falleció recientemente en un campamento militarizado en Ciudad Madero.
La institución defensora solicitó una investigación exhaustiva e imparcial con perspectiva de género.
Razones tras el exhorto de la CNDH por Dafne Zapata
La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, destacó la prioridad estatal de proteger a la niñez. Cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de adolescentes exige la máxima sensibilidad institucional.
Asimismo, la CNDH solicitó garantizar el acceso pleno a la información para los familiares. Los parientes de la víctima tienen el derecho fundamental a conocer la verdad.
Contradicción en las versiones sobre el fallecimiento
Por su parte, el director del plantel militarizado, Jorge Luis Ponce, negó la existencia de maltratos. El directivo afirmó que la estudiante presentó malestar general antes de desvanecerse durante la noche.
Sin embargo, los defensores consideran urgente revisar los protocolos de supervisión en estos centros educativos. La muerte bajo custodia institucional representa un hecho de alta gravedad para la sociedad.
Jurisdicción y aclaraciones del Ejecutivo Federal
Durante una conferencia matutina la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema. La mandataria aclaró que la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades de Tamaulipas.
Los campamentos con formación militar no pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ello, la Fiscalía del fuero común asumirá el control total del caso.
Revisión urgente de normas en internados para menores
La CNDH insistió en aplicar la perspectiva de género en la investigación ministerial. Esta visión permitirá esclarecer con precisión las responsabilidades penales de los encargados del recinto.
Finalmente, el organismo exigió fortalecer las medidas de protección en recintos similares del país. Las instituciones estatales deben evitar nuevos episodios de violencia o negligencia contra menores.
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