29 DE ABRIL DEL 2026 – LOCAL. La Fiscalía General del Estado ha dado un paso importante en el combate a la delincuencia al lograr que un juez vincule a proceso a dos personas señaladas por participar en actos de coacción ilícita. Estos operativos se realizaron de manera independiente en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, como parte de la estrategia para frenar el hostigamiento a comerciantes y ciudadanos. Los imputados, identificados como Wilber “N” y Silvia “N”, enfrentan ahora la justicia por hechos que atentan contra la tranquilidad y el patrimonio de los habitantes del estado.
El primer caso destaca por la violencia empleada, ya que Wilber “N” es señalado como presunto integrante de una célula criminal que operaba en Cancún. Según las investigaciones, este individuo acudió a un establecimiento comercial para exigir pagos por el concepto de “derecho de piso”. Este tipo de cobro por extorsión se ha vuelto una de las principales preocupaciones para los pequeños empresarios, quienes se ven obligados a entregar parte de sus ganancias bajo amenazas directas contra su integridad física y la de sus seres queridos.
Violencia y amenazas en negocios de Cancún
Los detalles revelados por las autoridades indican que los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril en un local de la Supermanzana 102. Wilber “N”, en compañía de otro sujeto, intimidó al propietario utilizando un arma de fuego para exigir la cantidad de 10 mil pesos semanales. La crueldad de las amenazas llegó al punto de intimidar a la víctima con dañar a su mascota si no cumplía con el pago solicitado. Por estos hechos, el juez dictó prisión preventiva por un periodo de dos años, asegurando que el proceso de esta denuncia por extorsión siga su curso legal.
Por otro lado, en la capital del estado, Silvia “N” fue detenida al intentar introducir objetos prohibidos al centro penitenciario de Chetumal. Entre los artículos confiscados se encontraban tarjetas de memoria y chips telefónicos, herramientas que son frecuentemente utilizadas para coordinar llamadas ilegales desde el interior de las cárceles. La autoridad judicial determinó que estas acciones facilitan la modalidad de extorsión telefónica, por lo que la mujer también fue vinculada a proceso para investigar su nivel de participación en redes delictivas más amplias.
Combate a la red de comunicación ilícita
La fiscalía subrayó que el ingreso de dispositivos de comunicación a las prisiones es una pieza clave para que los grupos criminales mantengan sus operaciones externas. Al frenar el paso de estos materiales, se interrumpe la cadena de mando y de intimidación que afecta a miles de ciudadanos. Este caso de delito de extorsión bajo investigación en Othón P. Blanco busca desarticular los apoyos externos que reciben los reos para continuar delinquiendo, demostrando que la vigilancia en los penales es tan vital como el patrullaje en las calles.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población para que no cedan ante las amenazas y confíen en las instituciones para denunciar estos crímenes. La vinculación a proceso de estos dos sujetos es un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes intenten lucrar con el miedo de los trabajadores. El seguimiento a cada caso de extorsión en Quintana Roo permite fortalecer las carpetas de investigación y retirar de las calles a quienes dañan la economía local mediante el uso de la fuerza y la intimidación constante.
