
Internacional, 15 de julio de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la designación del “Cartel de Juárez” y “Los Viagras” como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida fue publicada en el portal de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y conlleva sanciones financieras y congelamiento de activos contra estos grupos criminales.
La inclusión de estos cárteles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) implica también que cualquier imputación legal contra sus miembros o colaboradores en tribunales estadounidenses tendrá un marco jurídico más estricto y severo.
Contexto y antecedentes de los cárteles designados
El “Cartel de Juárez” tiene su base operativa en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la década de los 90, esta organización traficaba grandes cantidades de cocaína a través de vuelos comerciales. Sin embargo, con el tiempo se fragmentó en varias facciones, entre las que destacan “La Línea” y “Los Aztecas”. A pesar de su debilitamiento, el cártel mantiene el control de corredores estratégicos hacia El Paso, Texas, lo que ha generado enfrentamientos continuos con el “Cartel de Sinaloa” por el dominio de la frontera con Estados Unidos.
Por su parte, “Los Viagras” operan principalmente en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Este grupo criminal se especializa en el tráfico de metanfetaminas y cocaína, además de ser conocido por las extorsiones a productores agrícolas y ganaderos de la zona. “Los Viagras” forman parte de la alianza “Cárteles Unidos”, que se ha declarado enemiga del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La designación de estos cárteles se suma a una lista que ya incluye a seis organizaciones mexicanas bajo la categoría de terroristas, una medida que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la violencia transnacional.
Implicaciones legales y financieras
La clasificación como organizaciones terroristas extranjeras permite a Estados Unidos aplicar sanciones financieras internacionales, incluyendo el congelamiento de activos y restricciones para realizar transacciones comerciales o financieras. Además, facilita la persecución legal y judicial de sus miembros y colaboradores en territorio estadounidense, dificultando sus operaciones y redes de apoyo.
Esta medida refleja la creciente preocupación del gobierno estadounidense sobre el impacto de estos grupos en la seguridad regional y su influencia en la frontera México-Estados Unidos.
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