Internacional, 9 de julio de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó su preocupación formal ante la Embajada de Estados Unidos por la difusión pública de cargos penales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales. La dependencia advirtió que esta divulgación podría afectar los procesos de extradición y vulnerar el derecho al debido proceso de los señalados.
En un oficio fechado el 30 de abril de 2026, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE señaló que la información difundida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York forma parte de solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas a México. La publicación anticipada de estos datos sensibles podría interferir en las detenciones solicitadas y en el desarrollo adecuado de los procedimientos legales.
Además, la SRE destacó la contradicción entre la divulgación pública de las acusaciones y una petición previa de las autoridades estadounidenses para mantener la confidencialidad de la información contenida en las solicitudes de extradición. Por ello, solicitó que en futuras ocasiones el Departamento de Justicia de Estados Unidos garantice la reserva de estos datos para proteger la integridad de los procesos.
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Posición oficial y defensa de la soberanía
La SRE también difundió una guía de líneas discursivas dirigida a las representaciones diplomáticas mexicanas, en la que se establece que México actúa conforme a la Constitución y mantiene una postura de defensa de la soberanía nacional. El documento, fechado también el 30 de abril, retoma declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no se protege a personas que hayan cometido delitos y que las acciones se realizan con base en pruebas sólidas y el debido proceso.
Acusaciones y contexto de la investigación
Estados Unidos acusa a Rocha Moya y otros funcionarios de colaborar con la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de sobornos y protección institucional. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York vincula a los señalados con una conspiración para importar estas sustancias y con delitos relacionados con armas.
Entre los implicados están el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra y otros exfuncionarios policiales y municipales. La acusación también menciona la supuesta intervención del grupo criminal en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, incluyendo robo de urnas e intimidación a opositores.
En conferencia, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que México aún no ha recibido pruebas que respalden las acusaciones y que las investigaciones se limitan a los delitos señalados por Estados Unidos, sin ampliarse a otros temas. Además, descartó que Rocha Moya pueda ser extraditado bajo mecanismos vinculados con seguridad nacional, aclarando que se trata de una solicitud de detención con fines de extradición que debe justificar su urgencia.
Finalmente, la FGR cuestionó la versión del exembajador estadounidense Ken Salazar sobre la operación que llevó al traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, señalando que hubo contradicciones en sus declaraciones.
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