Tulum, Quintana Roo, 9 de julio de 2026.- Lorenzo Bernabé Miranda Miranda, ex director de Desarrollo Urbano de Tulum, obtuvo su libertad tras un recurso de amparo concedido por la jueza Cuarta de Distrito en Tabasco. Esta decisión se dio cuatro semanas después de su detención por presunta violencia familiar.
El colectivo Red Feminista Quintanarroense condenó la resolución judicial, argumentando que abre un precedente preocupante para casos de agresión en el estado. Señalaron que esta medida podría permitir que agresores busquen impunidad fuera de Quintana Roo.
El exfuncionario fue acusado de agredir físicamente a su pareja sentimental, quien grabó el momento en que fue golpeada en el rostro. Según la Fiscalía General del Estado, Miranda también habría amenazado a la víctima con violencia económica para que retirara la denuncia.
Miranda fue detenido el 10 de junio en la delegación Alfredo V. Bonfil, Cancún, y trasladado al Centro de Retención Municipal en Playa del Carmen, donde se le vinculó a proceso con prisión preventiva justificada.
La defensa legal del exdirector interpuso el amparo en Tabasco, que fue aceptado por la jueza federal Dora Olivares Muñoz. La Red Feminista advirtió que esta decisión puede poner en riesgo la seguridad de la víctima mientras continúa el proceso penal.
En su comunicado, la Red Feminista Quintanarroense enfatizó que la justicia debe considerar siempre la protección de las mujeres que denuncian violencia, evitando que las medidas cautelares se reviertan sin garantizar su seguridad.
Implicaciones legales y sociales del amparo
La liberación de Miranda a través de un amparo federal genera preocupación sobre la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia familiar en Quintana Roo. Expertos en derecho señalan que este tipo de recursos pueden influir en la percepción de impunidad y afectar la confianza en el sistema judicial.
Reacciones del colectivo feminista
El colectivo feminista local ha llamado a reforzar las garantías para las víctimas y a revisar los procedimientos judiciales que permitan suspender medidas cautelares en casos sensibles. Su postura destaca la necesidad de priorizar la seguridad y el bienestar de las mujeres denunciantes.
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