Ciudad de México 18 de septiembre de 2023.- Presuntas presiones, maltratos e incluso actos de tortura han sido denunciados por víctimas y funcionarios públicos contra Ana Alicia Casillas Hurtazo, quien ocupa el cargo de Fiscal de Delitos Sexuales en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A pesar de estas acusaciones, hasta el 1 de julio de 2023, esta fiscalía solo logró llevar al proceso judicial el 23.90% de los casos que investigó.
Durante el transcurso de este año, la Fiscalía de Delitos Sexuales ha iniciado mil 126 investigaciones contra agresores sexuales, pero solo 593 de estas investigaciones resultaron en procesos judiciales en curso. Estas cifras, según una solicitud de transparencia, representan un porcentaje del 52.66% de los casos judicializados. Se ha señalado que la fiscal Ana Alicia Casillas Hurtazo insta a su personal a judicializar un mayor número de casos, incluso si esto significa narrar eventos falsos, lo que ha llevado a una preocupante situación en la fiscalía.
El manejo de los casos por parte de Casillas Hurtazo ha provocado que esta fiscalía, una de las más críticas y delicadas en la Ciudad de México, re-victimice constantemente a las personas afectadas, cuestionando sus testimonios para que se ajusten a los intereses de la fiscal y aumenten las estadísticas institucionales. Además, exige a los funcionarios públicos que dejen de lado su juicio legal para seguir sus instrucciones, poniendo en peligro sus carreras y su integridad ética, bajo la constante amenaza de ser destituidos si no cumplen con sus demandas. Esto se hace con el objetivo de cumplir una «cuota» de casos judicializados, en lugar de buscar la verdad, que debería ser el principal objetivo del sistema de justicia.
De acuerdo con información obtenida, durante su tiempo como Agente del Ministerio Público en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Casillas Hurtazo estaba involucrada en prácticas que llevaron a una recomendación en 2018 por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se alega que usaba la fuerza física, insultos y amenazas para obligar a las personas a declararse culpables, lo que parece confirmar su enfoque de «arreglar todo, inventar lo que sea.
En relación con estos hechos, el expediente CDHDF/1/121/IZTP/13/D4591 llevó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a solicitar la reapertura de la investigación sobre las acciones de la fiscal Ana Alicia Casillas Hurtazo. Se busca determinar su posible responsabilidad penal en actos de tortura, maltrato, detención arbitraria, omisiones en la garantía del debido proceso y acceso a la justicia.
En 2022, se judicializaron 2,223 casos, de los cuales solo 1,162 resultaron en procesos judiciales en curso, según datos proporcionados a través de solicitudes de transparencia. La Fiscalía General de Justicia alega no tener cifras disponibles sobre cuántos casos han concluido con sentencias.
Fuentes han informado sobre la existencia de grabaciones internas en la institución donde la fiscal insta a su personal a judicializar al menos cuatro casos a la semana, independientemente de si los hechos denunciados están respaldados por pruebas sólidas. Estas conductas denunciadas incluyen insultos, gritos, discriminación y represalias contra víctimas, acusados y personal de la fiscalía.
