Matamoros, Tamaulipas, 6 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión en contra de tres mandos militares que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros. Se les acusa de operar una presunta red de “huachicol fiscal” que permitió el ingreso ilegal al territorio nacional de más de 144 millones de litros de hidrocarburos.
Los oficiales señalados en la investigación judicial son los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes se desempeñaron como directores de la Aduana de Matamoros en el periodo comprendido entre 2024 y 2026. Asimismo, la orden incluye al teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera en el mismo recinto fronterizo. Según consta en la carpeta de investigación, Barrera Trujillo fue designado originalmente en el cargo por el entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el general André Georges Foullon Van Lissum.
De acuerdo con información difundida por el diario Reforma, los tres mandos castrenses forman parte de un grupo de 13 personas —entre servidores públicos aduanales, agentes y empresarios de la región— contra quienes un juez de control federal libró los mandamientos de captura. La FGR les imputa formalmente los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado. Hasta el momento, los tres militares se encuentran prófugos de la justicia.
Falsificación de pedimentos y la ruta del contrabando
La indagatoria de la Fiscalía detalla que la red criminal de contrabando estaba encabezada a nivel civil por Armando III Riestra Fernández, representante legal de la empresa Servicios Aduanales JR S.A.S. de C.V., firma comercial con sede en la ciudad de Reynosa. Esta compañía gestionaba los pedimentos para la supuesta importación de diésel, nafta y gasolina, declarando falsamente los cargamentos como “solución de cloruro de calcio” para cruzar de forma ilícita por los carriles de la Aduana de Matamoros entre junio y julio de 2025.
La FGR identificó a las firmas Jumandi Group S.A.P.I. de C.V. y Ferroservicios S.A. de C.V. como las empresas receptoras e importadoras directas de los hidrocarburos. De los 13 implicados originales, siete personas ya fueron detenidas y vinculadas a proceso por jueces federales. Actualmente, seis de ellos permanecen recluidos en centros federales de readaptación social y uno más se encuentra bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Implicaciones institucionales y medidas especiales de reclusión
El expediente del caso destaca de manera formal que, debido a los rangos castrenses de los implicados, se requerirán condiciones especiales de aislamiento y seguridad penitenciaria para garantizar la integridad física de los procesados, así como de los custodios dentro de los penales federales. La FGR recalcó la gravedad del caso, toda vez que la organización delictiva logró infiltrar a personal militar en activo que ostentaba la titularidad y el control operativo de la Aduana de Matamoros.
Este expediente representa uno de los mayores golpes documentados contra el “huachicol fiscal” y el contrabando técnico de combustibles en la historia reciente de México. Además, el caso vuelve a poner bajo el escrutinio público la efectividad de los controles de confianza y la estrategia de militarización de las instituciones clave para la recaudación fiscal, la seguridad fronteriza y el control de comercio exterior en los puntos fronterizos del norte del país.
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