El Congreso mexicano aprobó un ambicioso “Plan B” que busca reducir las prestaciones y beneficios de los funcionarios electorales, con el objetivo de generar un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de austeridad en el gasto público y en la organización de elecciones.
La iniciativa contempla recortes en bonos, seguros, cajas de ahorro y otros beneficios que reciben los servidores de los órganos electorales locales y federales. Además, establece límites a jubilaciones y remuneraciones para garantizar que los recursos sean utilizados de manera más eficiente y transparente.
El proyecto contó con el respaldo de figuras clave del Congreso, incluidos legisladores de diversas bancadas, y ha sido presentado como una reforma constitucional que modifica los artículos 35, 115, 116 y 134, con la finalidad de fortalecer la austeridad institucional.
Los recortes afectan tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), ajustando gastos operativos y de personal sin comprometer la organización de los procesos electorales previstos para los próximos años.
La medida también contempla la revisión de financiamiento público a partidos políticos y establece mecanismos para garantizar que los recursos se destinen a actividades esenciales, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas.
