El gobierno federal dio a conocer una lista de exservidores públicos que reciben pensiones millonarias, conocidas como “pensiones doradas”, como parte de un ejercicio de transparencia impulsado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La publicación busca evidenciar los altos montos que algunos exfuncionarios perciben tras su retiro del servicio público.
El registro incluye a miles de jubilados que trabajaron en distintas instituciones y empresas del Estado, entre ellas Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro. En varios casos, las pensiones superan los 100 mil pesos mensuales, lo que ha generado debate sobre los privilegios históricos dentro de la administración pública.
De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, algunos exfuncionarios incluso reciben montos cercanos al millón de pesos al mes, cifras que contrastan con la realidad de la mayoría de los pensionados en el país. La información se hizo pública con base en las disposiciones de transparencia que obligan a las instituciones a divulgar los montos y beneficiarios de pensiones financiadas con recursos públicos.
Entre los nombres que aparecen en la lista figuran exfuncionarios y extrabajadores de dependencias federales y empresas productivas del Estado. El objetivo, según el gobierno, es abrir el debate público sobre la necesidad de revisar los esquemas de jubilación que durante años otorgaron beneficios elevados a ciertos cargos dentro del sector público.
La publicación de esta base de datos ocurre en medio de la discusión de una reforma para limitar las llamadas pensiones doradas. La propuesta busca establecer un tope máximo para los pagos de jubilación financiados con recursos públicos y reducir los privilegios en el sistema de pensiones gubernamentales.
Autoridades sostienen que la medida forma parte de una política de austeridad y rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar un manejo más equitativo del gasto público. Al mismo tiempo, el debate continúa en el Congreso y entre especialistas, quienes analizan el impacto financiero y legal que tendría la eventual reforma en el sistema de pensiones del país.
