6 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. El Congreso del Estado de Quintana Roo dio luz verde a una serie de cambios profundos en la Ley de Movilidad, los cuales permiten ahora que los ayuntamientos firmen contratos de transporte público con una duración de hasta 30 años. Esta decisión ha encendido las alarmas entre la oposición, ya que implica comprometer el presupuesto de las próximas diez administraciones municipales. Durante la sesión ordinaria, la mayoría de los legisladores votó a favor de estas modificaciones, argumentando que el objetivo principal es modernizar el servicio y terminar con la desorganización que afecta a miles de usuarios diariamente en todo el estado.
La nueva normativa busca crear lo que las autoridades llaman un Sistema Integrado de Transporte, el cual pretende eliminar las desigualdades en el servicio entre las diferentes regiones de la entidad. Con esta actualización a la legislación de transporte, el Gobierno del Estado asumirá una mayor responsabilidad en el diseño y la operación de las rutas de autobuses urbanos, previo acuerdo con cada municipio. Los defensores de la reforma aseguran que esto traerá beneficios directos como mayor seguridad, sustentabilidad y eficiencia, permitiendo que el transporte sea intermunicipal y no se limite solo a zonas aisladas.
Críticas por posible endeudamiento y negocios privados
A pesar de las promesas de modernidad, el diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano, lanzó duras críticas contra la normativa de tránsito y traslado, advirtiendo que estas leyes están diseñadas para favorecer negocios particulares. El legislador señaló que la reforma permitirá que empresas privadas tomen el control del transporte por décadas, dejando a los municipios con una deuda financiera difícil de pagar. Según su visión, este modelo ya se ha probado en estados vecinos y solo ha servido para generar ganancias a unos cuantos mientras el costo final lo terminan pagando los ciudadanos con sus impuestos.
Por su parte, el Observatorio Legislativo coincidió en que esta nueva regla de movilidad estatal abre la puerta a oportunidades de negocio que podrían afectar las finanzas públicas. Eduardo Galaviz, presidente de dicho organismo, sugirió que bajo el pretexto de la modernización se están creando estructuras que quitan poder a los municipios para concentrarlo en el gobierno central. Se mencionó con preocupación el caso de Yucatán, donde un sistema similar supuestamente dejó un agujero financiero millonario, y se teme que en Quintana Roo ocurra una situación parecida debido a la reciente contratación de funcionarios que trabajaron en dicho estado.
El nuevo modelo de pago por kilómetro
Uno de los puntos más polémicos y novedosos de esta reforma es el cambio en la forma en que los transportistas recibirán sus ganancias. A partir de ahora, las empresas contratadas bajo la ley de circulación pública ya no ganarán dinero por cada pasajero que suba al camión, sino por los kilómetros que recorra la unidad. Según el diputado Hugo Alday, del PT, esto ayudará a eliminar las peligrosas competencias entre choferes que «corren» para ganar el pasaje, mejorando así la calidad del servicio y la seguridad de quienes viajan en estas rutas todos los días.
