3 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado una sentencia definitiva que obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar más de 103 millones de pesos a la empresa Televisa. Esta millonaria cifra corresponde al pago de intereses generados por impuestos que fueron considerados como cobros indebidos durante varios años. Los ejercicios fiscales que dieron origen a esta disputa legal corresponden a los periodos de 1998, 1999, 2003 y 2004, marcando el fin de un largo proceso judicial.
El fallo se logró gracias a una votación de seis integrantes a favor y tres en contra, respaldando el proyecto presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo. Con esta decisión, el máximo tribunal del país dejó sin efecto el recurso de revisión que la autoridad fiscal había interpuesto para evitar el desembolso. De acuerdo con la resolución, la petición de Hacienda no tenía sustento suficiente para ser analizada a fondo, ya que no se encontró un problema de interpretación constitucional que justificara una nueva revisión.
Detalles de la resolución del alto tribunal
El argumento principal del ministro Espinosa Betanzo para desechar el reclamo de Hacienda fue que la sentencia previa no afectaba la constitucionalidad de ninguna ley. El magistrado explicó que, aunque las autoridades pueden quejarse cuando una ley parece ir en contra de la Constitución, en este caso específico el tribunal anterior solo se limitó a aplicar las reglas vigentes sin cuestionar la ley misma. Por esta razón, la corte suprema determinó que no había materia para seguir alargando el pleito legal iniciado por el gobierno federal.
A pesar del triunfo de la televisora, la votación no fue unánime y generó un fuerte debate interno entre los ministros. Quienes votaron en contra, como la ministra Lenia Batres, señalaron que este tipo de decisiones pueden afectar seriamente al Estado y a la sociedad mexicana. La funcionaria advirtió que al no revisar el fondo del asunto, el tribunal constitucional podría estar otorgando ventajas económicas que en la práctica funcionan como perdones de impuestos, algo que ella considera preocupante para las finanzas públicas.
Críticas internas en la justicia máxima de la nación
La ministra Batres fue muy directa al decir que el rechazo de estos asuntos por falta de temas constitucionales a veces parece hacerse de forma arbitraria. Según su postura, el hecho de que la SCJN no analice detalladamente estos casos de grandes sumas de dinero genera un perjuicio directo a los recursos que el país podría usar para otros fines. Para ella, era necesario realizar un análisis profundo en lugar de cerrar el caso por cuestiones técnicas, pues se trata de una cantidad de dinero que impacta directamente en el presupuesto nacional.
