3 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. La comunidad de Santa María Chimalapa se encuentra en un estado de alerta máxima tras la retención de Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria. Desde la tarde de ayer, el funcionario federal permanece bajo el resguardo de los pobladores zoques, quienes exigen de manera contundente una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta acción es el resultado del enorme descontento que generó un fallo judicial relacionado con la posesión de tierras que los habitantes consideran parte de su herencia histórica y cultural.
El conflicto estalló luego de que el Tribunal Superior Agrario emitiera una resolución que favorece a ejidos del estado de Chiapas, afectando directamente la superficie que los indígenas oaxaqueños reclaman como suya. Los comuneros señalan que la decisión de la magistrada ignora por completo los derechos de los pueblos originarios y las leyes internacionales que protegen su suelo indígena. A pesar de que el procurador acudió a la zona para explicar el veredicto, la asamblea comunitaria decidió no dejarlo salir hasta obtener una respuesta del más alto nivel del gobierno.
Impacto ambiental en el dominio agrario en disputa
Uno de los puntos más críticos que denuncian los habitantes de Chimalapa es el grave daño ecológico que ha sufrido la región bajo el control de los grupos favorecidos por el fallo. Los zoques aseguran que en la zona de los ejidos chiapanecos se han devastado más de 50 mil hectáreas de selvas y bosques de niebla. Según su testimonio, la falta de una protección real sobre su propiedad comunal ha permitido que talamontes furtivos y ganaderos armados destruyan ecosistemas que son vitales no solo para ellos, sino para el equilibrio ambiental de todo el país.
La comunidad advierte que esta resolución judicial contiene «aberraciones jurídicas» que no toman en cuenta la realidad del campo ni la historia de los pueblos. Para los comuneros, la lucha por su patrimonio territorial no se detendrá con este revés legal, pues están dispuestos a utilizar todos los medios posibles para defender sus selvas, bosques y ríos. La molestia radica en que sienten que el gobierno federal y las instituciones agrarias les han dado la espalda al validar la presencia de grupos que, según ellos, solo buscan explotar los recursos naturales sin control alguno.
La defensa legal de su herencia de tierras
Hasta el momento, el gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, no ha emitido información oficial sobre el estado del funcionario retenido ni sobre las medidas que se tomarán para solucionar el conflicto. Los habitantes de Santa María Chimalapa han dejado claro que la única salida es una reunión donde participe también el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ellos buscan exponer personalmente cómo estos fallos afectan la supervivencia de su cultura y la integridad de su superficie ancestral que han cuidado por generaciones.
