TULUM, MX.– Desde el extranjero y por razones de seguridad, Megan A.R. alzó la voz para denunciar que es víctima de violencia institucional tras la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio que interpuso en 2023. Asegura que las decisiones tomadas por autoridades ministeriales y judiciales frenaron el avance del caso y dejaron sin efecto medidas clave para su protección. Por ello, pidió la intervención directa de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
La denuncia fue presentada el 19 de mayo de 2023 ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo contra José Fernando J. S., por el delito de tentativa de feminicidio. De acuerdo con su testimonio, la carpeta de investigación incluía dictámenes médicos, periciales psicológicas, imágenes y audios que acreditaban agresiones físicas, estrangulamiento y amenazas. Sin embargo, pese a esas pruebas, el caso no avanzó como esperaba.
Posteriormente, la Fiscalía Especializada en Feminicidio determinó reclasificar el delito como violencia familiar, lo que, según Megan A.R., constituye un acto de violencia institucional en Quintana Roo. Señaló que se omitió ordenar una pericial clave en un audio donde se escucha que era agredida físicamente mientras sostenía a su hija. Esta decisión, afirmó, frenó la judicialización por feminicidio en grado de tentativa y dejó al agresor sin vinculación a proceso.
Acusa omisiones judiciales y falta de perspectiva de género
La afectada explicó que el caso tardó tres años en llegar al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tulum. El pasado 3 de febrero, el juez anuló la imputación por tentativa de feminicidio, negó medidas de protección y rechazó enviar el asunto a un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Además, aseguró que incluso se negó la admisión del recurso de revisión, lo que considera una muestra más de presunta violencia institucional en su contra.
Megan A.R. también denunció que la Fiscalía abrió nuevas carpetas de investigación donde, en lugar de fortalecer su calidad de víctima, se buscaría imputarle otros delitos. A su juicio, esto representa una forma de revictimización que la obligó, junto con su hija, a abandonar el país para proteger su integridad ante amenazas de muerte.
Recordó que el denunciado ya había mostrado conductas violentas en el pasado. Según relató, en 2012 fue consignado ante el ministerio público del fuero común por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de un menor de edad, quien lo acusó de haberlo golpeado en repetidas ocasiones con la cacha de una pistola.
El 21 de octubre de 2025, añadió, un juzgado negó las medidas de protección solicitadas, minimizando lesiones, amenazas, dictámenes psicológicos y el desplazamiento forzado. Frente a este panorama, hizo un llamado público a la gobernadora para que, dentro de sus atribuciones, active los mecanismos necesarios y se revise la actuación ministerial y judicial con perspectiva de género y apego estricto a la ley.
