
2 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. La violencia en la zona norte del Istmo ha alcanzado niveles críticos tras el hallazgo del cuerpo de Palemón Agustín, un comunero de la localidad de Loma Santa Cruz. El hombre habría sido víctima de los ataques derivados de una disputa territorial que comenzó a intensificarse desde mediados de febrero. Con este fallecimiento, ya suman dos personas asesinadas en un lapso muy corto, generando un clima de miedo e inseguridad que las autoridades estatales no han logrado contener de manera efectiva hasta el momento.
La situación es sumamente tensa debido a que grupos armados se han asentado en las cercanías de las poblaciones afectadas, realizando disparos constantes que mantienen a la gente en alerta permanente. Según reportes de organizaciones indígenas, los responsables de estas agresiones contra habitantes de San Juan Mazatlán provienen de comunidades vecinas que han invadido tierras ajenas. Esta presencia violenta ha obligado a que muchas personas tengan que abandonar sus hogares y sus pertenencias para salvar sus vidas, refugiándose en áreas que consideran un poco más seguras.
Desplazamiento forzado y crisis humanitaria en la región
El impacto social de este conflicto es devastador, pues se estima que más de 100 familias han tenido que huir de sus comunidades de origen para evitar ser víctimas de los disparos. Los pueblos de Los Valles y Loma Santa Cruz se están quedando vacíos, mientras que los refugios en la cabecera municipal comienzan a saturarse. Esta movilización forzada es una consecuencia directa de las agresiones contra habitantes de San Juan Mazatlán, quienes ven con desesperación cómo su patrimonio y su tranquilidad desaparecen sin que exista una intervención policial que ponga orden.

Además del peligro por armas de fuego, existe una preocupación creciente por la falta de insumos básicos en localidades como Rancho Juárez y San Antonio del Valle. Estas zonas llevan casi dos semanas sitiadas, lo que impide la entrada de camiones con comida y medicinas para la población civil. El desabasto está golpeando principalmente a niños y ancianos, quienes son los más vulnerables ante la falta de atención médica y nutrientes, agravando el daño causado por las agresiones contra habitantes de San Juan Mazatlán y sus alrededores.
Falta de respuesta oficial y mesas de diálogo fallidas
A pesar de que las autoridades municipales han denunciado estos hechos de manera formal, la administración estatal ha sido señalada por su falta de acción y seriedad. Desde el año 2023, este conflicto ha dejado un saldo de al menos seis personas fallecidas, evidenciando que la estrategia actual no está funcionando para frenar las agresiones contra habitantes de San Juan Mazatlán. La comunidad lamenta que, mientras ellos entierran a sus muertos, los funcionarios públicos no se presentan a las reuniones pactadas para buscar una solución pacífica al problema de las tierras.
Por otro lado, representantes de las comunidades involucradas aseguran que tienen disposición para dialogar, pero acusan a la Secretaría de Gobierno de dejarlos plantados en múltiples ocasiones. La ausencia de los mediadores gubernamentales en las mesas de trabajo instaladas el pasado 27 de febrero solo ha servido para aumentar la desconfianza entre las partes. Mientras no se logre un acuerdo real y se garantice la seguridad física de los campesinos, las agresiones contra habitantes de San Juan Mazatlán seguirán siendo una amenaza latente que pone en riesgo la paz social del estado.





