La Corte Suprema de EE.UU. declaró ilegales los fundamentos con los que el expresidente Donald Trump impuso aranceles globales durante su mandato. El fallo señala que el entonces mandatario actuó más allá de las atribuciones que le confiere la ley y anuló la aplicación de esas medidas comerciales.
Según el comunicado oficial, el alto tribunal determinó que los aranceles, incluidos los llamados “aranceles recíprocos” y los destinados a combatir el tráfico de drogas, no contaban con una base legal suficiente. La decisión marca un precedente importante sobre los límites del poder presidencial en materia económica.
El debate sobre la autoridad presidencial
El centro de la disputa fue la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). La Administración Trump sostuvo que esta norma le permitía “regular” el comercio exterior durante una emergencia nacional, lo que incluía la posibilidad de imponer aranceles de forma unilateral.
Sin embargo, la Corte Suprema de EE.UU. concluyó que el poder de “regular” no equivale al poder de “gravar”. En su análisis, el tribunal subrayó que imponer impuestos o aranceles es una facultad claramente vinculada al poder impositivo, el cual corresponde al Congreso.
El presidente del tribunal, John Roberts, afirmó que la Constitución otorga al Congreso, y solo a ese órgano, la autoridad para acceder a los recursos económicos de los ciudadanos mediante impuestos. Añadió que cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita y claramente establecida en la ley.
Impacto económico y político de la decisión
En agosto, Trump había impuesto aranceles comerciales a múltiples países, con tasas que iban del 10 % al 41 %. Estas medidas fueron denominadas como “aranceles recíprocos ajustados” en una orden ejecutiva y formaron parte de su estrategia de presión comercial.
