La actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, acudió formalmente ante las autoridades para exigir justicia por el homicidio de Carlos Manzo. En un acto que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, la funcionaria interpuso una querella penal en la que señala directamente a tres figuras políticas de relevancia en la entidad. La denuncia sostiene que existió una participación política en el asesinato de su esposo, lo que abre una línea de investigación que vincula el crimen con el entorno del poder local y estatal.
Los acusados en este documento legal son el exgobernador Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua. Según las declaraciones de Quiroz García, existen elementos suficientes para que la Fiscalía de Michoacán indague sobre la participación política en el asesinato de quien fuera su compañero de vida. Esta acción legal busca que el caso no se archive como un evento de delincuencia común, sino que se analicen los intereses de quienes pudieron verse beneficiados con su desaparición.
La postura de Grecia Quiroz ante la Fiscalía de Michoacán
Al presentarse en las oficinas de la fiscalía, la alcaldesa enfatizó que su lucha no es solo como servidora pública, sino como una viuda que busca la verdad detrás de la tragedia. Ella argumenta que el contexto de las agresiones previas y las tensiones electorales son claves para entender la participación política en el asesinato. Por ello, hizo un llamado enérgico a las autoridades judiciales para que actúen con total autonomía y no se dejen presionar por la relevancia de los nombres mencionados en la denuncia.
El proceso de investigación ahora queda en manos de los peritos y agentes ministeriales, quienes deberán recabar pruebas sobre esta presunta participación política en el asesinato. La comunidad de Uruapan se encuentra atenta al desarrollo de estas indagatorias, pues el caso de Carlos Manzo se ha vuelto un símbolo de la violencia política en el estado. Se espera que en las próximas semanas se realicen las primeras comparecencias de los señalados para que ofrezcan su versión de los hechos ante la ley.
Reacciones y el impacto en el entorno político estatal
La acusación ha provocado un intenso debate en los círculos gubernamentales de Michoacán, debido a la trayectoria de los personajes involucrados. El señalamiento de una posible participación política en el asesinato pone bajo la lupa las estructuras de control regional y los conflictos internos entre diferentes grupos de poder. Mientras tanto, la alcaldesa Quiroz ha solicitado medidas de protección especiales, temiendo que su búsqueda de justicia pueda traer consigo nuevas represalias en su contra o hacia su equipo de trabajo.
Finalmente, la resolución de este caso marcará un precedente importante sobre cómo se persiguen los crímenes contra actores políticos en México. Si se logra demostrar la participación política en el asesinato, las consecuencias legales y sociales para los implicados serían de proporciones históricas. Por ahora, el compromiso de la fiscalía es agotar todas las líneas de investigación posibles para que el nombre de Carlos Manzo reciba la justicia que su familia y la sociedad de Uruapan demandan.
