13 DE FEBRERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, lanzó una fuerte acusación este jueves contra el Ministerio Público, señalando una intervención directa en el proceso para renovar a los magistrados del país. Según el mandatario, la fiscalía está utilizando operativos judiciales para entorpecer la elección de la máxima corte, en un contexto de alta tensión política. Arévalo sostiene que estas acciones buscan favorecer a grupos cuestionados y asegurar espacios de poder para figuras señaladas por la comunidad internacional como actores antidemocráticos.
La disputa central gira en torno a la fiscal general, Consuelo Porras, quien aspira a obtener una magistratura en el tribunal constitucional una vez que termine su periodo actual en mayo. El presidente afirmó que los recientes allanamientos realizados por la fiscalía son una estrategia para asustar a los votantes y manipular el resultado de la elección de la máxima corte. Estas acciones ocurrieron justo cuando el Colegio de Abogados y Notarios se disponía a elegir a sus representantes ante este órgano judicial de suma importancia para la nación.
Condena internacional ante la crisis judicial
La Organización de Estados Americanos (OEA) no tardó en reaccionar, emitiendo un comunicado donde expresa una «profunda alarma» por lo que sucede en Guatemala. Para este organismo, la interferencia de la fiscalía en la elección de la máxima corte representa un riesgo constitucional altísimo, ya que afecta la libertad de voto y la validez de los resultados. La OEA advirtió que este tipo de presiones generan un efecto intimidatorio que daña la legitimidad de cualquier proceso democrático que busque renovar el sistema de justicia.
Por su parte, Consuelo Porras defiende su derecho a participar en la contienda, asegurando que su intención es garantizar la transparencia y la correcta aplicación de las leyes. A pesar de sus declaraciones, su gestión ha sido duramente criticada por perseguir a jueces, fiscales y periodistas que luchaban contra la corrupción. Muchos de estos actores han tenido que salir al exilio, mientras la fiscal busca ahora saltar hacia la elección de la máxima corte representando a una universidad estatal el próximo lunes.
El futuro de la justicia guatemalteca
El proceso es vital para el gobierno de Arévalo, quien tiene la facultad de designar directamente a uno de los cinco magistrados que integran el tribunal. El mandatario busca que la elección de la máxima corte sirva para limpiar una institución que ha sido acusada en años anteriores de favorecer a redes criminales. La batalla legal y mediática entre el Ejecutivo y el Ministerio Público promete intensificarse conforme se acerquen las fechas clave de las votaciones en los distintos sectores del gremio jurídico.
Finalmente, la estabilidad de Guatemala depende de que la elección de la máxima corte se realice sin más sobresaltos ni presiones externas. La Corte de Constitucionalidad es el último filtro para defender la democracia en el país, y su composición definirá si la justicia sigue al servicio de unos pocos o si recupera su independencia. Arévalo ha sido claro en que no permitirá que procesos espurios dicten el futuro del máximo tribunal, mientras la mirada del mundo permanece atenta a cada movimiento de la fiscalía.
