
11 FEBRERO 2026-NACIONAL- El exilio de Pedro Ferriz se convirtió en tema de debate público luego de que el propio periodista confirmara que permanece fuera de México para evitar ser detenido por una orden de aprehensión que, según afirma, fue promovida por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El comunicador aseguró que esta acción es una represalia por denuncias que realizó hace casi una década sobre presuntos robos y malos manejos durante aquella administración estatal.
Durante una mesa de análisis transmitida en el canal de YouTube Atypical Te Ve, Ferriz explicó que la decisión de mantenerse en el extranjero no fue tomada a la ligera. Señaló que la medida responde a información recibida por su equipo legal, la cual advertía sobre el riesgo de ser detenido al ingresar al país, aun cuando existiera un recurso legal en curso para frenar la acción judicial.

El periodista afirmó que existe una orden de captura en su contra, pero que esta no fue publicada de manera oficial con el objetivo de detenerlo de forma sorpresiva en un aeropuerto. Según su versión, la intención era trasladarlo directamente a un penal sin que pudiera reaccionar legalmente. “Me quieren meter al bote por decir la verdad”, expresó al describir lo que considera una maniobra en su contra.
Ferriz también sostuvo que, aunque sus abogados promovieron un amparo, decidió no regresar a México tras recibir la advertencia de que podría permanecer detenido hasta 36 horas en instalaciones migratorias.
En sus declaraciones, el comunicador lanzó fuertes críticas al sistema judicial mexicano, al que calificó como vulnerable a intereses económicos y políticos. Aseguró que jueces y magistrados actúan bajo presiones externas, lo que, desde su perspectiva, genera un entorno de incertidumbre legal para periodistas y ciudadanos que denuncian actos de corrupción.

El autoexilio de Pedro Ferriz fue descrito por él mismo como una medida preventiva, no como una admisión de culpabilidad. Insistió en que su caso refleja un problema más amplio relacionado con el uso del aparato judicial para intimidar o silenciar voces críticas, especialmente en el ámbito del periodismo de investigación.






