El largo conflicto legal entre la actriz Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda ha tomado un rumbo definitivo tras una reciente resolución judicial en la Ciudad de México. Un magistrado determinó que existen elementos de prueba suficientes para formalizar la investigación contra la artista por el delito de falsedad de declaraciones. Esta decisión se deriva de las discrepancias encontradas entre lo que la actriz manifestó ante la autoridad y los hechos ocurridos durante un altercado físico, donde presuntamente negó haber participado en la agresión contra el paparazzi.
La acusación, impulsada por Zepeda y su representante legal, sostiene que la intérprete mintió deliberadamente durante las etapas previas del juicio para evitar las consecuencias de sus actos. El proceso por mentir ante la autoridad comenzó a tomar fuerza desde el año 2024, cuando se presentaron evidencias que contradecían la versión de la actriz sobre los hechos violentos. Ahora, con esta vinculación, la autoridad judicial iniciará una etapa de investigación complementaria para determinar la responsabilidad penal de la famosa de origen cubano en este nuevo cargo.
Antecedentes de la disputa y sanciones previas
Es importante recordar que este enfrentamiento no es nuevo, pues tiene su origen en un incidente ocurrido en las playas de Cancún durante el año 2020. En aquel entonces, el proceso legal por testimonio falso en juicio se mantuvo en pausa mientras se resolvían las demandas civiles por daño moral y lesiones físicas. Fue apenas en junio de 2025 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que la actriz debía cumplir con una indemnización económica millonaria a favor del fotógrafo, tras rechazar los amparos que ella había promovido.
Pese a que el pago de la indemnización parecía cerrar un capítulo, la denuncia por la declaración judicial inexacta permaneció activa en el ámbito penal. El magistrado a cargo del caso consideró que el derecho a la imagen y la privacidad, argumentos utilizados frecuentemente por la defensa de Brito, no justifican el hecho de faltar a la verdad durante un procedimiento oficial. Esta resolución marca un precedente importante en el mundo del espectáculo, donde la transparencia ante los tribunales se vuelve una obligación ineludible para cualquier figura pública.
Implicaciones del nuevo proceso judicial
La vinculación a proceso significa que Livia Brito deberá enfrentar audiencias periódicas y posiblemente medidas cautelares mientras se dicta una sentencia final. Si se comprueba la falsedad de testimonios legales, la actriz podría enfrentar sanciones que van más allá de lo económico, afectando seriamente su reputación y libertad. Por su parte, Ernesto Zepeda ha manifestado que su única intención es que se haga justicia por las agresiones sufridas y que se respete la labor de los profesionales de la comunicación en espacios públicos.
