3 de Febrero del 2026.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado un paso significativo en la transparencia judicial al liberar una serie de imágenes que muestran el cadáver de Epstein tras su fallecimiento en 2019. Estas fotografías, tomadas el 10 de agosto de aquel año en una celda de Nueva York, forman parte de un extenso archivo que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el final del polémico financiero acusado de graves delitos.
La publicación de estas fotos sobre el cadáver de Epstein ocurre en un contexto de fuerte presión social y política. Gracias a la reciente aprobación de la Ley sobre la Transparencia de Archivos Epstein, las autoridades han tenido que abrir expedientes que antes eran confidenciales, permitiendo que el público y los investigadores analicen de cerca los detalles del suceso que evitó que el magnate enfrentara un juicio completo.
Declaraciones contradictorias sobre su estado mental
Dentro de los documentos que acompañan las imágenes del cadáver de Epstein, se incluyen testimonios y reportes sobre su comportamiento previo al deceso. Lo que más ha llamado la atención de los analistas es que, días antes de morir, el financista aseguró explícitamente que no tenía planes de quitarse la vida ni intenciones de lastimarse, lo cual añade una capa de complejidad a la versión oficial de los hechos.
En las entrevistas realizadas por el personal penitenciario, el hombre cuyo cadáver de Epstein fue fotografiado poco después, se describió a sí mismo como «un cobarde». Afirmó ante los evaluadores que no era una persona capaz de soportar el dolor físico y que, por lo tanto, no intentaría hacerse daño, una declaración que hoy resuena con fuerza tras la liberación de estos tres millones de páginas de archivos judiciales.
El impacto de la Ley de Transparencia en el caso
La divulgación masiva de información que incluye el estado del cadáver de Epstein es el resultado de una batalla legal por la rendición de cuentas. La Ley de Transparencia, aprobada el pasado noviembre, ha obligado al sistema de justicia a mostrar evidencias que estuvieron bajo llave durante años, respondiendo a las dudas de las víctimas y de la opinión pública sobre la vigilancia en las prisiones federales.
