MEXICO, 29 de junio de 2026. Este lunes inició en México el proceso de consulta pública para la Ley de Pueblos Originarios e Indígenas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que la meta es concluir el próximo 12 de octubre. Ese día, el Ejecutivo presentará la iniciativa final ante el Congreso de la Unión.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) elaboró el proyecto de ley original. Ahora, las autoridades enviarán el documento a los 70 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en el país para su análisis y retroalimentación. El gobierno federal contempla la participación de más de 16 mil comunidades indígenas en este ejercicio democrático.
“Una vez que los pueblos mejoren y aprueben el texto, presentaremos sus conclusiones al Congreso. El objetivo es entregar la iniciativa a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, fecha en que conmemoramos el Día de la Resistencia de los Pueblos”, explicó Sheinbaum.
La mandataria destacó la urgencia de reconocer a las comunidades originarias y su histórica contribución a la nación. Asimismo, enfatizó la necesidad de erradicar la discriminación estructural. “Si seguimos con una visión eurocentrista que divide a los seres humanos en superiores e inferiores, perpetuaremos el racismo”, señaló la presidenta.
Al acto de presentación y arranque de la consulta asistieron integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. También acompañaron a la mandataria la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y el titular del INPI, Adelfo Regino.
Participación indígena directa
Este proceso de consulta busca garantizar que los pueblos originarios intervengan directamente en la creación de una ley que refleje sus derechos y necesidades reales. La iniciativa se fundamenta en los principios de inclusión, justicia social y respeto absoluto a la diversidad cultural de México.
Próximos pasos en el Congreso
La entrega de la propuesta en octubre abrirá el debate para que el Poder Legislativo analice la materia indígena con un enfoque renovado. Los promotores de la reforma esperan que esta ley fortalezca definitivamente el reconocimiento legal, político y social de todas las comunidades del país.
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