27 ENERO 2027-CHETUMAL- Un análisis del Observatorio Legislativo de Quintana Roo reveló que los decretos del Congreso local aprobados durante el primer periodo del segundo año de la XVIII Legislatura provinieron, en su mayoría, de iniciativas presentadas por los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo. El estudio fue dado a conocer en Chetumal y ofrece un panorama claro sobre cómo se está construyendo la agenda legislativa en el estado.
De acuerdo con el informe, de un total de 55 decretos del Congreso local aprobados en ese periodo, 39 tuvieron su origen en propuestas municipales y del Ejecutivo estatal, lo que representa el 71 por ciento del total. Este dato refleja una participación constante de estos niveles de gobierno en la generación de normas que impactan directamente en la vida pública de Quintana Roo.
En contraste, solo 15 decretos, equivalentes al 25 por ciento, fueron impulsados directamente por diputadas y diputados locales. Además, únicamente dos decretos, es decir, el cuatro por ciento, tuvieron su origen en iniciativas provenientes del Congreso de la Unión, lo que muestra una menor influencia del ámbito federal en este periodo legislativo.
El reporte detalla que el periodo analizado comprendió 34 sesiones legislativas, en las que se presentaron 85 iniciativas en total. Sin embargo, no todas se tradujeron en decretos del Congreso local, ya que el proceso legislativo contempla distintas etapas y no todas las propuestas logran avanzar hasta su aprobación final.
En cuanto al contenido, la materia fiscal concentró la mayor cantidad de decretos aprobados, con 32, lo que equivale al 58 por ciento del total. El resto de los decretos del Congreso local correspondió a reformas a leyes estatales, disposiciones culturales, creación de nuevas leyes, reformas constitucionales y nombramientos, mostrando una agenda variada pero con fuerte peso en temas financieros.
Entre las nuevas leyes aprobadas destacan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y la Ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión, ambas presentadas por el Poder Ejecutivo.
