27 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna ha enviado una carta urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la revisión exhaustiva de su proceso legal. Actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el mando naval asegura ser víctima de un montaje judicial relacionado con el delito de contrabando de combustible, argumentando que las acusaciones en su contra carecen de sustento real. Según sus declaraciones, el caso ha sido «politizado» y manejado con un «efecto corruptor» que le ha impedido ejercer una defensa adecuada desde su detención en septiembre de 2025.
En su misiva, el marino con 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México denunció que la investigación se originó de manera absurda. Farías sostiene que la Fiscalía General de la República (FGR) inició las pesquisas basándose en un video de YouTube que ni siquiera existe, utilizando este recurso para vincularlo erróneamente con el robo de hidrocarburos. El vicealmirante enfatizó que se han forzado datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones para mantenerlo privado de su libertad, afectando no solo su carrera profesional, sino también la estabilidad de su esposa e hijas.
Irregularidades y baja de la Secretaría de Marina
Uno de los puntos más críticos expuestos por el vicealmirante es el trato recibido por parte de la Secretaría de Marina (Semar). Farías criticó severamente que la institución lo diera de baja el 18 de diciembre de 2025, sin esperar a que se dictara una sentencia o terminara el proceso legal, lo cual considera una violación directa a la presunción de inocencia. Para el acusado, este acto es una muestra clara de la mala fe con la que han actuado las autoridades, quienes lo señalan por participar en una red de tráfico ilegal de diésel detectada originalmente en Tamaulipas.
Asimismo, el mando naval señaló que se le ha negado sistemáticamente el acceso a la investigación complementaria desde noviembre del año pasado. Esta falta de transparencia por parte de la Fiscalía ha obstaculizado la presentación de pruebas que demuestren que él «no tuvo nada que ver» en los hechos imputados. Al encontrarse en una celda del Altiplano, Farías describe su situación como un ánimo de venganza más que de justicia, insistiendo en que su vinculación con el huachicol de cuello blanco es una fabricación mediática y política.
Contexto del operativo en Tamaulipas
El caso que mantiene al vicealmirante en prisión se deriva de un operativo masivo realizado en marzo de 2025, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel en el estado de Tamaulipas. Las autoridades vinculan a Manuel Roberto Farías y a su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna —quien actualmente se encuentra prófugo—, con una estructura dedicada al mercado negro de combustibles. Sin embargo, el vicealmirante insiste en que su trayectoria impecable en la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca, es su mejor carta de presentación frente a estas acusaciones.
Finalmente, la carta enviada a la Presidenta concluye con una petición de auxilio para que no se «fabriquen culpables» y se permita una revisión técnica de la carpeta de investigación 508/2025. El Dr. Epigmenio Mendieta Valdez, representante legal del marino, busca que la intervención del Ejecutivo garantice que el proceso no esté viciado. Mientras tanto, el escándalo por el presunto huachicol institucional sigue bajo el escrutinio público, poniendo en duda la integridad de altos mandos dentro de las fuerzas armadas encargadas de vigilar los recursos energéticos del país.
El impacto del Huachicol Fiscal en la economía nacional
Es fundamental comprender que el «huachicol fiscal» mencionado en esta nota no se refiere únicamente al robo físico de ductos (piquete), sino a una modalidad de fraude mucho más compleja. Esta práctica consiste en la importación de combustibles bajo fracciones arancelarias falsas (como lubricantes o aceites) para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Se estima que esta actividad genera pérdidas anuales superiores a los 400 mil millones de pesos para la hacienda pública, lo que explica la severidad de las investigaciones actuales y la presión sobre los mandos navales que custodian los puertos y aduanas, puntos neurálgicos donde este combustible ilegal ingresa al país.
