26 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. La reciente consulta ciudadana en el estado de Oaxaca se vio empañada por el reporte de más de 100 incidentes que pusieron en duda la tranquilidad del proceso. En diversas regiones, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, se registraron situaciones graves como el robo de material electoral en comunidades como Magdalena Tequisistlán y San Juan Guichicovi. A pesar de que el gobierno estatal calificó la mayoría de estos eventos como «incidentes menores», las denuncias incluyeron desde el relleno de urnas hasta amenazas directas contra quienes cuidaban las casillas.
Fuentes del instituto electoral local informaron que la tensión subió de tono cuando se reportó la quema de boletas en agencias municipales, presuntamente por representantes de partidos políticos. En la Sierra Sur, el panorama no fue distinto, ya que en Santa María Zaniza las autoridades locales tuvieron que retirar las casillas tras descubrir que las urnas ya contenían votos antes de abrir la votación. Estos hechos demuestran que la revocación de mandato en Oaxaca enfrentó desafíos logísticos y de seguridad que dificultaron la libre participación de los ciudadanos.
Conflictos en las casillas y presión a funcionarios
El desarrollo de la revocación de mandato en Oaxaca también estuvo marcado por la imposibilidad de instalar varios centros de votación debido a conflictos entre municipios y problemas de límites territoriales. En lugares como Santa Lucía del Camino, se denunciaron actos de amedrentamiento contra los representantes de casilla, señalando incluso a autoridades municipales de enviar grupos para presionar durante el conteo. Esta atmósfera de intimidación se extendió a otras zonas donde grupos de personas intentaron tomar el control de las listas nominales por la fuerza.
Otro problema recurrente durante esta revocación de mandato en Oaxaca fue la participación de personas que no contaban con su credencial de elector o que no aparecían en el padrón oficial. En Puerto Escondido y otras localidades costeras, los funcionarios de casilla fueron presionados para permitir el voto de ciudadanos bajo el argumento de que tenían años viviendo en la zona. Estas inconsistencias generaron molestia entre los observadores, quienes señalaron que se permitieron prácticas que violan las reglas básicas de cualquier proceso democrático organizado por la autoridad electoral.
Postura del magisterio y críticas al proceso
Por su parte, la Sección 22 de la CNTE mostró una postura radicalmente opuesta a la jornada, calificándola como un proceso político disfrazado de democracia. Los líderes sindicales señalaron que la revocación de mandato en Oaxaca fue en realidad una estrategia de propaganda para favorecer la imagen del actual gobernador. Desde su sede principal, acusaron que se gastaron millones de pesos que pudieron usarse para mejorar los servicios de salud, seguridad y educación, áreas que consideran abandonadas por la administración estatal.
El magisterio advirtió que continuarán con su lucha en las calles y que planean paros de labores para exigir respuestas a sus demandas educativas y sociales. Criticaron que el gobierno actual esté replicando prácticas de partidos anteriores, utilizando recursos públicos para promover ejercicios que consideran innecesarios. Al cierre de la jornada de la revocación de mandato en Oaxaca, el sentimiento de división era evidente, dejando claro que el estado aún enfrenta retos profundos para lograr procesos electorales limpios y aceptados por todos los sectores.
El impacto del sistema de «Usos y Costumbres»
