23 de Enero del 2026.- Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos sociales en Oaxaca han alzado la voz contra el actual proceso de consulta ciudadana. Para estos grupos, el ejercicio no representa una verdadera voluntad del pueblo, sino que es un instrumento de legitimación forzada utilizado por el gobernador Salomón Jara Cruz. Aseguran que la revocación de mandato en el estado ha sido desvirtuada desde su origen, ya que las instituciones democráticas están siendo usadas de manera facciosa para favorecer a la figura del mandatario estatal en turno.
Según un documento emitido por estas agrupaciones, la votación no surgió de una demanda auténtica de la gente para remover al gobernante, sino de una estrategia de autopromoción. Denuncian que la estructura del gobierno y del partido oficial se encargó de recolectar las firmas necesarias, lo que convierte a la consulta de revocación oaxaqueña en un acto de ratificación y no en un castigo ciudadano. Los activistas señalan que este comportamiento imita las viejas prácticas de control absoluto sobre el congreso, los sindicatos y los partidos de oposición.
Críticas por el gasto excesivo y la falta de riesgos reales
Uno de los puntos más polémicos señalados por las 30 organizaciones firmantes es el alto costo económico que representa organizar este evento electoral. Se estima que se han destinado más de 100 millones de pesos para realizar este proceso de revocación estatal, una cifra que consideran insultante ante las carencias del estado. Los críticos subrayan que este dinero debió utilizarse en acciones prioritarias para la población, en lugar de financiar lo que llaman «propaganda del régimen» para mostrar un músculo político que no tiene competencia real.
Además, los colectivos denuncian que se ha utilizado el aparato institucional para coaccionar el voto, especialmente a través de los programas sociales. Según los testimonios recabados, se ha amenazado a los beneficiarios con quitarles los apoyos si el resultado no favorece la continuidad del gobernador. Esta manipulación convierte al ejercicio de revocación en Oaxaca en un mecanismo de presión hacia los sectores más vulnerables, quienes se ven obligados a participar bajo el miedo de perder sus ingresos básicos.
Violación a las leyes electorales y veda vigente
A pesar de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) ordenó retirar la propaganda irregular, las calles de la capital siguen llenas de lonas y espectaculares. Las organizaciones lamentan que, incluso habiendo iniciado la veda electoral, la publicidad en favor del gobernador continúe apareciendo de forma masiva en redes sociales como Facebook y YouTube. Esta falta de respeto a las normas demuestra que la votación de revocación de mandato carece de piso parejo y de una vigilancia real que garantice la legalidad.
Las organizaciones, entre las que destacan el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y el Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, insisten en que el cambio de nombres en el poder no sirve si no hay un cambio de fondo. Para ellos, mientras las demandas de los pueblos indígenas sigan siendo ignoradas, estos procesos son solo «maquillaje político». Concluyen que la pregunta real no es si el gobernador debe irse, sino quién se beneficia verdaderamente con este millonario despliegue de recursos públicos.
