21 de Enero del 2026.- Comerciantes y trabajadores de la zona centro de la ciudad han alzado la voz para exigir una intervención inmediata de las autoridades estatales y municipales. La preocupación crece debido al aumento de agresiones físicas contra ciudadanos vulnerables, incluyendo a mujeres embarazadas y adultos mayores. Los afectados señalan que la falta de protocolos adecuados para tratar a personas con padecimientos mentales está convirtiendo las calles comerciales en puntos de alto riesgo para todos.
Durante un recorrido realizado por la calle Cuauhtémoc, en su cruce con José María Arteaga, se pudo constatar el miedo que viven los locatarios diariamente. Los dueños de negocios reportan que no solo se trata de desorden público, sino de ataques directos que ponen en peligro la vida de clientes y transeúntes. Según los testimonios, la presencia de estas personas con problemas de salud mental en situación de calle ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la policía local.
Casos de violencia extrema en la vía pública
Uno de los casos más alarmantes mencionados por los vecinos es el de una mujer conocida como «Lucy», quien vive en la indigencia y sufre crisis constantes. Los locatarios relatan episodios violentos donde esta persona ha golpeado a transeúntes sin motivo aparente. Entre los incidentes más graves destaca el ataque a una joven de 17 años, quien perdió piezas dentales tras ser agredida y caer contra el pavimento, provocando una escena de angustia entre los testigos.
Los comerciantes explican que el comportamiento de estas personas con trastornos mentales empeora drásticamente cuando no tienen acceso a sus medicamentos o tratamientos psiquiátricos. Cuando entran en estados psicóticos, pierden el control y comienzan a lanzar objetos o a empujar a la gente hacia el arroyo vehicular. Esta situación no solo afecta la integridad física de los ciudadanos, sino que también impacta negativamente en las ventas y la actividad económica del corazón de Monterrey.
Vacío legal impide una solución definitiva
A pesar de los constantes llamados a las patrullas y servicios de emergencia, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Los oficiales argumentan que no pueden detener o trasladar a las personas con facultades mentales alteradas a una institución especializada sin el consentimiento de un familiar directo. Esta falta de un marco jurídico claro hace que los agresores sean liberados a las pocas horas, regresando a los mismos puntos de la ciudad para continuar con las agresiones.
