21 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, expresó su desacuerdo con las recientes críticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) respecto a la situación jurídica del ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche. La mandataria estatal se deslindó completamente de los procedimientos que llevaron a la detención y destitución del antiguo directivo, señalando que estas fueron decisiones tomadas dentro del marco legal. Sansores afirmó que la organización externa no debería interferir en asuntos que son competencia exclusiva de la comunidad universitaria local.
Durante su intervención, la gobernadora lamentó que la asociación confunda la libertad de gestión con la falta de castigo para quienes cometen irregularidades. Aseguró que el proceso de cambio en la universidad ha sido tan transparente que no se han presentado quejas ni protestas por parte de los estudiantes o el personal docente. Para la mandataria, es fundamental que las instituciones educativas dejen de ser utilizadas como un botín económico por los grupos de poder, garantizando que los recursos se destinen realmente a la educación de los jóvenes.
Cuestionamientos al papel actual de la Anuies
Sansores recordó que esta organización fue creada en 1950 con el objetivo de coordinar y fortalecer la educación superior en México, pero considera que ha perdido su rumbo original. Criticó que actualmente la asociación actúe como si fuera una autoridad legal con facultades para juzgar decisiones internas que no le corresponden. Según la gobernadora, es necesario que la agrupación de universidades nacionales replantee su verdadera función, ya que en este caso han salido a defender a una persona que ya ni siquiera ostenta el cargo de rector.
La mandataria insistió en que el Consejo Universitario es el máximo órgano de decisión y sus acuerdos deben ser respetados por cualquier ente externo. Señaló que la agrupación de universidades nacionales condena acciones sin conocer a fondo la realidad de lo que sucede en el estado de Campeche. Por ello, hizo un llamado a revisar si es conveniente que dicha organización siga interviniendo de esa manera en la vida autónoma de las instituciones, especialmente cuando se trata de limpiar la administración de posibles actos de corrupción.
Estabilidad y orden en la máxima casa de estudios
Respecto al nombramiento de la nueva rectora, Layda Sansores calificó el proceso como «pulcro», destacando que existe una calma total en los sindicatos de académicos e investigadores. Mencionó que, lejos de haber rebeliones, los jóvenes ahora se sienten más escuchados, pues anteriormente se les habían quitado espacios importantes como su Federación de Estudiantes. La falta de voces de protesta tras la agrupación de universidades nacionales y sus señalamientos, le da al gobierno la tranquilidad de que se actuó conforme a lo que la comunidad deseaba para su universidad.
Finalmente, la gobernadora subrayó que el silencio de los sectores universitarios ante la salida del anterior rector es una señal de que se puso fin a una etapa de malos manejos. Aseguró que se busca que las universidades públicas dejen de funcionar como «cajas chicas» para intereses particulares de gobiernos anteriores. Con la llegada de la nueva administración universitaria, se espera que la transparencia sea la prioridad, dejando atrás las polémicas generadas por la agrupación de universidades nacionales y enfocándose en el desarrollo académico de los investigadores y alumnos campechanos.
¿Qué es la autonomía universitaria y sus límites?
La Autonomía Universitaria (establecida en el Artículo 3º de la Constitución) otorga a las instituciones la facultad de gobernarse a sí mismas, elegir a sus autoridades y administrar su patrimonio. Sin embargo, esta autonomía no significa que los funcionarios universitarios estén fuera del alcance de la ley penal. Si existen denuncias por mal manejo de recursos públicos o delitos financieros, la Fiscalía General tiene la facultad de investigar y detener a los implicados sin que esto se considere una violación a la libertad de la universidad. El conflicto actual radica en dónde termina la gestión administrativa y dónde empieza la responsabilidad legal de sus directivos.
