21 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando una presunta estructura criminal que involucra al exdiputado Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora de Baja California. Según revelaciones periodísticas recientes, esta organización estaría dedicada a actividades graves como el tráfico de armas, la extorsión y el blanqueo de capitales en la región fronteriza. Las acusaciones señalan que se recibían pagos mensuales de hasta 150 mil dólares para permitir que grupos delictivos operaran con libertad en el estado, afectando la seguridad de los ciudadanos.
La investigación detalla que esta red utilizaba influencias políticas para facilitar el movimiento de mercancías y sustancias prohibidas a través de las aduanas de la entidad. Se presume que el hermano del político, Luis Alfonso Torres, era el encargado de coordinar la logística financiera mediante el uso de empresas fachada para ocultar el origen del dinero. Este esquema de manejo de recursos ilícitos permitía que las ganancias obtenidas por extorsionar a comerciantes y empresarios fueran enviadas a cuentas específicas e incluso invertidas en propiedades de lujo en los Estados Unidos.
Lazos políticos y acusaciones de delincuencia organizada
El historial de Carlos Torres ha estado marcado por su paso por distintos partidos políticos, iniciando en el PAN y terminando en las filas de Morena. Sin embargo, su carrera se ha visto empañada por estos señalamientos que lo vinculan con células operativas de grupos delictivos que operan en Mexicali. Debido a la gravedad de las pruebas presentadas, las autoridades de Estados Unidos decidieron revocarle la visa de turista hace tiempo, lo que aumentó las sospechas sobre su participación en este esquema de financiamiento irregular y vínculos con el crimen.
En noviembre de 2025, la FGR citó formalmente a Torres para comparecer en la Ciudad de México por una denuncia anónima que involucra a más de veinte personas, entre políticos y empresarios regionales. Esta carpeta de investigación busca esclarecer cómo se movieron millones de pesos provenientes de actividades fuera de la ley para apoyar campañas políticas. El uso de notarías públicas y negocios locales para el ocultamiento de activos es una de las líneas principales que los fiscales están siguiendo para desmantelar por completo esta red de corrupción.
Trayectoria pública y salida del gobierno estatal
Carlos Torres, de 50 años, ocupaba hasta hace poco un cargo honorario como Coordinador de Proyectos Estratégicos en Baja California, puesto que abandonó en junio de 2025 tras estallar el escándalo. Antes de unirse al gobierno actual, tuvo una larga trayectoria legislativa donde representó a diversos sectores, pero su expulsión de su anterior partido en 2019 marcó el inicio de una etapa de polémicas constantes. Su papel en la política local le habría permitido generar los contactos necesarios para establecer esta red de transacciones sospechosas bajo el amparo del poder público.
Actualmente, el proceso legal sigue su curso y se espera que las autoridades federales determinen la responsabilidad de cada uno de los implicados, incluyendo al exsecretario de seguridad de Mexicali. La sociedad bajacaliforniana exige transparencia total, ya que el uso de influencias para el desvío de fondos y la protección de criminales es un tema de alta sensibilidad nacional. Por ahora, el político se mantiene bajo investigación mientras se analizan los flujos de efectivo que presuntamente terminaron convertidos en bienes raíces en el extranjero.
El papel de las aduanas en el tráfico de armas
