Un académico colombiano que permaneció desaparecido durante casi dos semanas en México denunció haber sido víctima de detención arbitraria, tortura y tratos crueles por parte de elementos de la Guardia Nacional. El caso ha generado preocupación entre organizaciones civiles y la comunidad académica, al poner nuevamente en el centro del debate el actuar de las fuerzas de seguridad y la crisis de derechos humanos en el país.
El profesor, quien se desempeña como docente universitario y se encontraba en México por motivos académicos, desapareció tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Durante varios días, su paradero fue desconocido, lo que activó la alarma entre familiares, colegas y estudiantes, quienes iniciaron una intensa búsqueda y exigieron la intervención de las autoridades.
Tras ser localizado con vida, el académico relató que fue detenido sin orden judicial por presuntos elementos de la Guardia Nacional. Aseguró que nunca se le informó el motivo de su arresto ni fue presentado ante un Ministerio Público, lo que, de acuerdo con especialistas, podría constituir una desaparición forzada de carácter temporal.
En su testimonio, el profesor denunció haber sido golpeado y sometido a violencia física durante su detención, agresiones que le provocaron lesiones de consideración. Además, afirmó que fue mantenido incomunicado, sin acceso a asistencia legal ni contacto con el exterior, en condiciones que calificó como inhumanas y degradantes.
El académico también señaló que, tras varios días bajo custodia, fue liberado sin explicación alguna y abandonado en un estado de confusión y vulnerabilidad, sin documentos ni pertenencias personales. Su estado de salud obligó a que recibiera atención médica y psicológica especializada.
La denuncia pública del docente provocó una oleada de reacciones. Instituciones académicas, defensores de derechos humanos y colectivos exigieron una investigación inmediata, imparcial y transparente para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los agentes involucrados.
Hasta el momento, las autoridades federales no han ofrecido una versión detallada de lo ocurrido ni han confirmado si existe una investigación interna en curso. El silencio oficial ha intensificado las críticas y las demandas de rendición de cuentas por parte de la sociedad civil.
Este caso se suma a una larga lista de denuncias por abusos cometidos durante operativos de seguridad en México y reaviva el debate sobre el uso de la fuerza, la falta de controles efectivos y la urgente necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos, especialmente en contextos de detención y migración.
