El Gobierno de Bolivia ha manifestado su respaldo oficial a una nueva iniciativa legal que busca poner límites a los constantes cierres de vías en el territorio nacional. Según informaron las autoridades, el objetivo principal es garantizar que las rutas del país permanezcan abiertas para el tránsito de personas y mercancías esenciales. Esta postura surge tras un periodo de alta tensión social que ha afectado la conectividad entre los diferentes departamentos, generando preocupación en diversos sectores de la sociedad boliviana.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aclaró que la intención detrás de esta medida no es prohibir las manifestaciones de los ciudadanos, sino organizar la convivencia social. El funcionario explicó que es necesario proteger el derecho a la libre circulación, evitando que los cierres de rutas se conviertan en actos violentos o herramientas que vulneren a terceros. Para el Ejecutivo, la clave reside en encontrar un punto medio donde la protesta sea escuchada sin que se detenga el motor productivo del país.
El impacto de las protestas en la economía nacional
La necesidad de regular estos cortes de caminos se intensificó tras las recientes movilizaciones lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) a finales del año pasado y principios de este 2026. Los trabajadores se manifestaron enérgicamente contra el Decreto Supremo 5503, lo que provocó que las principales arterias viales quedaran paralizadas durante varios días. Estas acciones generaron un debate nacional sobre los límites de la protesta y la urgencia de proteger la actividad económica y el suministro de productos básicos.
El ministro Lupo fue enfático al señalar que el Estado tiene la obligación de equilibrar la libertad de manifestación con la protección del orden público. Las autoridades consideran que los impedimentos de tránsito prolongados terminan asfixiando a las empresas y a los pequeños productores que dependen de las carreteras para trabajar. Por esta razón, la propuesta legislativa busca establecer reglas claras que permitan la expresión ciudadana pero sancionen las acciones que impidan el paso de ambulancias, suministros y transporte privado.
La crisis de combustible y el estado de emergencia
Un factor determinante que ha complicado el panorama es la declaración de estado de emergencia por parte de la Administración del presidente Rodrigo Paz. La falta de combustibles a nivel nacional se ha vuelto crítica, coincidiendo casi inmediatamente con el levantamiento de las últimas protestas. En este contexto, el Gobierno argumenta que cualquier nuevo obstáculo en la vía podría agravar peligrosamente la escasez de gasolina y diésel, afectando directamente la vida cotidiana de las familias bolivianas.
La situación actual obliga a las autoridades a actuar con rapidez para evitar un colapso en el sistema de transporte y abastecimiento. El respaldo a la restricción de los bloqueos de transporte se presenta como una medida de seguridad nacional para asegurar que las cisternas con combustible lleguen a las estaciones de servicio sin demoras. El Gobierno espera que, con estas nuevas reglas, se logre pacificar el país y reactivar plenamente las actividades comerciales que se vieron interrumpidas por los recientes conflictos sociales.
