
16 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. Cerca de 170 personas que resultaron afectadas por las lluvias torrenciales de octubre han decidido volver a sus viviendas en la comunidad de Chapula, Tianguistengo. A pesar de que la zona fue declarada oficialmente como inhabitable, las familias aseguran que no tienen otra opción donde refugiarse. El representante de los afectados, Gustavo Vivanco, explicó que el sentimiento de pena por vivir en casas ajenas y la ausencia de noticias claras sobre una posible reubicación obligaron a los lugareños a retomar su vida en el área de peligro.
La situación es crítica, ya que no existe vigilancia ni acordonamiento que impida el acceso a los inmuebles dañados. Muchos vecinos acuden durante el día para realizar labores de limpieza, mientras que otros ya se han instalado de forma permanente. Los pobladores afectados por el temporal denuncian que, a tres meses de la tragedia que cobró 22 vidas en el estado, las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un silencio absoluto sobre los planes de vivienda y las acciones de seguridad para la comunidad.
Problemas con el censo y falta de apoyos oficiales
Un obstáculo mayor para la recuperación es que al menos 250 familias de Tianguistengo quedaron fuera de los censos federales. Muchos perdieron sus documentos de identidad y escrituras durante las inundaciones, lo que les impidió registrarse para recibir ayuda económica. Esta exclusión afecta también a habitantes de la zona otomí-tepehua, quienes suman otros 500 habitantes perjudicados por las lluvias que no han sido atendidos por la delegación de Bienestar, a pesar de haber acudido a solicitar apoyo desde el pasado mes de diciembre.
En el municipio cercano de Zacualtipán, la angustia es similar para 70 familias que viven bajo la amenaza de un talud de tierra. Los residentes temen quedar enterrados si se presenta una nueva precipitación fuerte, pero se resisten a abandonar su patrimonio sin una garantía de vivienda. Estos ciudadanos damnificados por las inundaciones exigen ser incluidos en los registros oficiales y que se les asigne un nuevo predio seguro, pues el miedo a perderlo todo nuevamente es una constante en cada temporada de lluvias.
Testimonios de riesgo y educación en crisis
Yolanda Morales, habitante de la colonia 11 de Abril, relató cómo el cierre de los albergues municipales la forzó a regresar a su casa inundada. Aunque el alcalde Amado Pérez Hernández ha insistido en que el área es peligrosa, los vecinos señalan que «no es posible salirse así de fácil» sin tener un lugar a donde ir. La falta de un oficio formal que delimite las zonas de riesgo llegó con un mes de retraso, dejando a los residentes en zona de desastre en una vulnerabilidad total frente a futuros fenómenos meteorológicos.
Por su parte, el sector educativo también enfrenta grandes retos en las comunidades dañadas. Natividad Castrejón Valdez, titular de la SEP estatal, informó que 86 planteles resultaron afectados, de los cuales 14 presentan daños graves. Aunque ha comenzado la entrega de mobiliario y equipo escolar en especie, la recuperación total se ve frenada por caminos que siguen bloqueados. La prioridad actual es rehabilitar las escuelas para que los niños de estas familias víctimas del clima extremo puedan retomar sus clases, mientras el estado espera que los recursos federales finalmente fluyan para la reconstrucción total.






