En una decisión sin precedentes que ha sacudido al planeta, Estados Unidos anunció la suspensión total del procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, incluidos gigantes como Rusia, Irán y Brasil, así como numerosas naciones en África, Asia y América Latina. La medida, que entra en vigor el 21 de enero de 2026, dejará a millones sin la posibilidad de obtener visas de inmigrante mientras se revisan los estrictos mecanismos de verificación del Departamento de Estado.
La Casa Blanca, bajo la administración del presidente Donald Trump, justificó la decisión como parte de una campaña para “proteger los recursos y seguridad nacional” y evitar que los inmigrantes que dependan de beneficios públicos ingresen a suelo estadounidense. La orden —que no tiene fecha de término definida— instruye a las embajadas y consulados a rechazar solicitudes de visa bajo las leyes vigentes mientras se realiza una revisión completa de los procesos.
Entre los países afectados no sólo figuran naciones con tensiones diplomáticas tradicionales como Irán y Somalia, sino también países de fuerte dinamismo migratorio como Brasil, Colombia, Cuba, Nigeria y Tailandia, lo que ha generado preocupación entre familias, estudiantes, trabajadores y empresarios que enfrentan incertidumbre sobre sus planes de viaje o reagrupación familiar.
La medida ha generado críticas inmediatas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, que la califican de discriminatoria y dañina para las relaciones internacionales. Expertos advierten que la suspensión puede exacerbar crisis humanitarias y complicar la cooperación en temas como comercio, educación y turismo, justo en un año con eventos globales como el Mundial de Fútbol 2026, donde se esperaban miles de visitantes de países afectados.
Funcionarios del Departamento de Estado señalaron que solamente se harán excepciones muy limitadas para casos humanitarios o situaciones extremas, pero la mayoría de solicitudes será rechazada sin nuevos plazos de reapertura. Además, esta pausa puede impactar también a personas que ya estaban en proceso de obtener beneficios migratorios como residencias o ciudadanía, según fuentes especializadas.
