13 ENERO 2026-INTERNACIONAL- La pena de muerte volvió al centro del debate político y judicial en Corea del Sur luego de que la Fiscalía solicitara esta condena contra el expresidente Yoon Suk-yeol. La petición se presentó en el cierre del juicio por insurrección relacionado con la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, un episodio que provocó una profunda crisis institucional en el país y que sigue generando fuertes divisiones en la opinión pública.
De acuerdo con la Fiscalía surcoreana, el exmandatario habría actuado con la intención de mantenerse en el poder mediante el control de los otros poderes del Estado. Por ello, los fiscales consideran que los hechos justifican la aplicación de la pena capital, pese a que Corea del Sur no ha ejecutado una sentencia de este tipo desde hace décadas. El tribunal del Distrito Central de Seúl tiene previsto dictar sentencia a principios de febrero.
Yoon Suk-yeol enfrenta cargos graves que incluyen dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de la justicia, ayuda a un enemigo y perjurio. Según la acusación, la imposición de la ley marcial se utilizó como una herramienta política y no como una respuesta legítima a una amenaza real, lo que agravó la situación legal del entonces presidente y abrió la puerta a una posible condena a muerte.
La Fiscalía sostiene que el despliegue de recursos militares y de seguridad durante la ley marcial afectó directamente al bienestar público. En su argumento final, subrayó que estos recursos debían destinarse a la protección ciudadana y no a una estrategia para consolidar el poder político, lo que refuerza la gravedad de los cargos presentados.
La ley marcial fue decretada el 3 de diciembre de 2024 sin previo aviso. Yoon justificó la medida acusando a la oposición de realizar actividades “antiestatales” supuestamente vinculadas a Corea del Norte. La decisión implicó la suspensión de actividades parlamentarias, la prohibición de protestas y el despliegue de tropas en puntos estratégicos del país.
Sin embargo, horas después, la Asamblea Nacional rechazó la medida y exigió su revocación. Cientos de ciudadanos se concentraron frente al Parlamento para protestar, y se registraron tensos enfrentamientos con la Policía Militar. Finalmente, durante la madrugada, el propio Yoon ordenó retirar a los militares y poner fin a la ley marcial.
Tras estos hechos, el Tribunal Constitucional aprobó en abril de 2025 la destitución definitiva del expresidente. Aunque ya estaba suspendido desde diciembre de 2024, esta decisión cerró formalmente su etapa política y dio paso a nuevas elecciones presidenciales, ganadas por Lee Jae-myung en junio del mismo año.
