La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el nuevo registro obligatorio de líneas telefónicas no busca espiar a la ciudadanía, sino combatir delitos graves como la extorsión y el secuestro. Según sus palabras, los datos permanecerán en manos de las compañías telefónicas, accesibles sólo por autoridades mediante solicitudes judiciales. Esta medida, que inició el 9 de enero y obliga a vincular 158 millones de líneas con la CURP antes del 30 de junio bajo pena de suspensión, se presenta como un paso hacia mayor seguridad
Sin embargo, una investigación sobre las preocupaciones públicas revela un panorama de desconfianza arraigada en experiencias pasadas, comparaciones internacionales y riesgos de comercialización de datos que cuestionan si los beneficios superan los peligros para la privacidad.
Causas de la Inseguridad e Incertidumbre en la Población Mexicana
La incertidumbre no surge de la nada: se alimenta de un historial de filtraciones y abusos. En 2009, bajo Felipe Calderón, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) recolectó datos de millones, solo para que se filtraran al mercado negro, vendiéndose en Tepito por unos cuantos pesos. En 2021, Andrés Manuel López Obrador impulsó el PANAUT con biometría obligatoria, pero la Suprema Corte lo declaró inconstitucional por violar la privacidad sin evidencia de que redujera delitos. Hoy, con Sheinbaum, el registro —aunque sin biometría explícita— revive temores similares. Padres de familia, activistas y expertos denuncian que centralizar datos en manos de telecoms (que deben compartirlos con autoridades) expone a la población a vigilancia masiva sin controles robustos.
La desconfianza se agrava por la opacidad gubernamental. Sin el INAI (disuelto en 2024), ¿quién vigila el uso de estos datos? Reportes de 2025 indican que el 93% de los mexicanos perciben inseguridad urbana, impulsada no solo por crimen, sino por temor a que el Estado abuse de información personal. En redes, usuarios como @Juan_OrtizMX y @R3Dmx alertan que el registro no disuadirá a criminales —quienes usan chips falsos o extranjeros—, pero sí facilitará espionaje o extorsiones si hay brechas. Un ejemplo fresco: apenas iniciado el registro, Telcel expuso datos de millones sin autenticación, permitiendo extracciones masivas. Esta «herramienta anti-extorsión» podría convertirse en el paraíso de los extorsionadores.
Comparación con China y Países Similares: Lecciones Alarmantes
China ofrece un espejo distorsionado. Desde 2011, exige registro real-name para SIM cards, con escaneos faciales obligatorios desde 2019, integrados al sistema de vigilancia masiva. Esto alimenta el crédito social, donde datos de ubicación, compras y redes sociales puntúan a ciudadanos, restringiendo libertades si «desvían» del norma. Apps como WeChat y Jingwang rastrean todo, flagging «micro-clues» como uso inusual de electricidad o teléfonos no registrados, derivando en interrogatorios. Resultado: un ecosistema de control que sofoca disidencia, con brechas que exponen datos a hackers o abusos estatales.
En India, el enlace de SIM con Aadhaar (biométrico) desde 2017 ha generado caos similar. Aunque busca combatir fraude, ha llevado a filtraciones masivas y vigilancia sin consentimiento, con la Suprema Corte limitando su uso en 2018 por violar privacidad. Rusia, por su parte, obliga biometría para extranjeros comprando SIM desde 2025 y preinstala apps estatales como MAX en nuevos dispositivos, bajo pretexto de soberanía digital. Estas naciones comparten un patrón: registros que prometen seguridad pero amplifican incertidumbre, con gobiernos accediendo datos sin frenos, fomentando paranoia social y erosión de derechos. En México, sin safeguards como el GDPR europeo, el riesgo es mayor: un padrón vulnerable podría replicar estos abusos, exacerbando la percepción de inseguridad (ya en 93.7% para crímenes no reportados por desconfianza).
¿Cómo se Puede Vender la Información del Registro?
Aunque Sheinbaum asegura que los datos quedan con telecoms, la realidad es más porosa. Empresas como Verizon y AT&T han vendido datos de ubicación y navegación a brokers, «anonimizados» pero fácilmente re-identificables. En México, telecoms podrían monetizar perfiles agregados —edad, género, ubicación— para marketing, vendiéndolos a anunciantes o data brokers como Acxiom, que los revenden a bancos y aseguradoras. Brechas como la de Telcel muestran cómo datos crudos (nombres, CURP) podrían filtrarse al mercado negro, vendiéndose para fraudes o extorsiones. Globalmente, brokers recolectan de múltiples fuentes, creando perfiles vendibles por hasta $0.50 por persona, con riesgos de de-anonimización vía triangulación.
En resumen, mientras Sheinbaum vende el registro como escudo contra crimen, la población ve un arma de doble filo: inseguridad por filtraciones pasadas, comparables a distopías chinas o indias, y potencial comercialización que monetiza privacidad. Para mitigar esto, urge auditorías independientes, límites estrictos a accesos y evidencia real de eficacia. De lo contrario, esta «solución» podría profundizar la brecha de confianza, convirtiendo a México en un laboratorio de vigilancia donde la incertidumbre no viene del crimen, sino del Estado.
