13 DE ENERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. Por primera vez desde el inicio de las movilizaciones, un funcionario del gobierno de Teherán reconoció a la agencia Reuters que la cifra de fallecidos asciende a cerca de 2,000 personas. Esta declaración representa la primera ocasión en que las autoridades admiten la magnitud de la tragedia tras dos semanas de intensos enfrentamientos en todo el país. Aunque la fuente prefirió mantener el anonimato, señaló que entre los fallecidos se encuentran tanto civiles como agentes de seguridad, atribuyendo la violencia a supuestos grupos terroristas que operan en la región.
Esta cantidad de víctimas admitida por el Estado contrasta de forma evidente con los registros de organizaciones internacionales. Por ejemplo, la ONG Iran Human Rights, ubicada en Noruega, ha logrado verificar 648 decesos, pero advierte que la cifra real de fallecimientos en territorio iraní podría ser incluso superior a las 6,000 personas. El conflicto, que comenzó por el descontento ante la grave situación económica y el alto costo de la vida, se ha transformado en el mayor desafío para el sistema teocrático en los últimos tres años.
Crisis de comunicación y bloqueo informativo
A pesar de que el martes se restableció la señal telefónica internacional en la capital, el acceso a internet permanece bloqueado por orden del gobierno desde el pasado 8 de enero. Grupos defensores de los derechos humanos sostienen que este apagón digital tiene como objetivo ocultar la escala real de los difuntos en la nación iraní y evitar que el mundo vea la crudeza de la represión. Los videos que han logrado filtrarse muestran escenas nocturnas de choques violentos, disparos directos y edificios consumidos por el fuego en diversas ciudades.
Ante estos hechos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó sentirse «horrorizado» por la violencia ejercida contra ciudadanos que se manifestaban de forma pacífica. La organización hizo un llamado urgente para detener las matanzas, mientras que otras entidades como Human Rights Watch reportan ejecuciones a gran escala. Las autoridades clericales, sin embargo, mantienen su postura de que las protestas fueron «secuestradas» por potencias extranjeras como Estados Unidos e Israel para generar caos.
Postura oficial y luto nacional
El gobierno iraní ha tratado de manejar la situación mediante un doble discurso: califican de legítimas las quejas económicas, pero aplican mano dura contra lo que llaman «amenazas a la seguridad». La prensa estatal ha destacado que decenas de uniformados también perdieron la vida, convirtiendo sus funerales en actos masivos de apoyo al sistema. El líder supremo, Alí Khamenei, aseguró que estas muestras de respaldo al gobierno son una advertencia directa hacia el exterior para que dejen de intervenir en los asuntos de los occisos en el conflicto iraní.
Por su parte, el canciller Abás Araqchi justificó el corte de las comunicaciones digitales asegurando que fue una medida necesaria tras detectar «operaciones terroristas» dirigidas desde fuera del país. El funcionario afirmó que al inicio se intentó establecer un diálogo con los inconformes, pero que la situación cambió cuando se percataron de la supuesta influencia extranjera. Esta admisión de casi 2,000 bajas en los disturbios de Irán marca un cambio drástico en la política de información del régimen, que anteriormente solía minimizar cualquier dato sobre víctimas mortales.
