13 DE ENERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. La Casa Blanca anunció este lunes un incremento significativo de recursos federales en la ciudad de Minéapolis, como respuesta directa a las manifestaciones que han surgido recientemente. Esta decisión se tomó después de un incidente donde un agente migratorio acabó con la vida de una ciudadana estadounidense, hecho que desató una ola de indignación social. La vocera del gobierno, Karoline Leavitt, confirmó en una entrevista para la cadena Fox News que el objetivo es respaldar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas frente a lo que consideran un entorno hostil.
El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que este despliegue adicional es indispensable para garantizar la integridad física de sus oficiales en el cumplimiento de sus deberes. Según las autoridades, el refuerzo permitirá llevar a cabo la política de expulsiones masivas sin interrupciones por parte de grupos civiles. Mientras tanto, diversos sectores del gobierno local y estatal han manifestado sus dudas sobre la versión oficial del uso de la fuerza, solicitando que se realicen investigaciones externas y transparentes sobre el caso de las autoridades migratorias estadounidenses.
Apoyo total a las fuerzas federales
Durante su intervención, Leavitt fue enfática al declarar que la actual administración «apoya firmemente a los valientes hombres y mujeres» que trabajan para la agencia de control fronterizo e interior. La funcionaria acusó directamente a los manifestantes de intentar bloquear el trabajo de la policía federal mediante tácticas de obstrucción en las calles. Este respaldo incondicional busca fortalecer la moral de los agentes que operan en zonas donde el rechazo a las políticas de deportación ha crecido considerablemente en las últimas semanas.
La vocera reiteró que el envío de más personal y equipo responde al mandato directo del presidente Trump para localizar y expulsar a extranjeros con antecedentes violentos. Al calificar a los participantes de las protestas como «agitadores», el gobierno federal dejó claro que no permitirá que las movilizaciones ciudadanas impidan las acciones del organismo de inmigración y aduanas. La administración busca restablecer lo que ellos definen como el orden público, utilizando todos los medios legales y operativos a su disposición en la región.
Tensión entre el gobierno federal y local
La situación en Minéapolis ha generado un roce diplomático y legal interno, ya que el estado cuestiona la agresividad de las tácticas empleadas por la policía de inmigración de EE. UU. en entornos urbanos. El despliegue de más agentes federales es visto por las autoridades locales como una posible violación a la autonomía de la ciudad, especialmente tras el trágico suceso de la semana pasada. La Casa Blanca, por el contrario, afirma que la seguridad nacional y el cumplimiento de las leyes de extranjería están por encima de cualquier desacuerdo administrativo con la alcaldía.
Finalmente, este aumento de fuerzas en Minéapolis marca un precedente en la forma en que el gobierno central responde a la resistencia civil organizada contra sus planes de deportación. Se espera que en los próximos días arriben más unidades tácticas para vigilar las oficinas federales y asegurar que los traslados de detenidos se realicen sin contratiempos. Las operaciones de la fuerza de control migratorio continuarán siendo el eje central de la agenda de seguridad interna, a pesar de la presión mediática y las constantes demandas de justicia por parte de los familiares de la víctima.
