A dos años de haber dejado de publicar información financiera actualizada, la concesionaria PlayaParq continúa sin reportar de manera oficial los ingresos obtenidos desde 2024, situación que ha incrementado la inconformidad social y los cuestionamientos sobre el destino de los recursos recaudados por el sistema de parquímetros en la ciudad.
Aunque la empresa mantiene cerrada la información más reciente, fuentes al interior de PlayaParq señalan que durante 2024 y 2025 la concesionaria habría obtenido alrededor de 14 millones de pesos por año. De confirmarse estas cifras, la empresa habría acumulado al menos 28 millones de pesos adicionales sin que exista una rendición de cuentas clara ni mejoras visibles en la infraestructura vial bajo su responsabilidad.
Los propios datos históricos publicados por PlayaParq permiten dimensionar el crecimiento del sistema. Desde su inicio en diciembre de 2019 y hasta octubre de 2023, la concesionaria reportó ingresos superiores a los 50 millones de pesos, provenientes tanto de contraprestaciones como de infracciones. Incluso en 2020, año marcado por la pandemia, los ingresos alcanzaron los 6.6 millones de pesos. Para 2021 la cifra se elevó a 14.2 millones, en 2022 llegó a 17.2 millones y en 2023, con solo 10 meses contabilizados, ya sumaba 11.8 millones de pesos.
En estos reportes se observa una tendencia clara: las infracciones han ganado cada vez más peso dentro del total recaudado, lo que para muchos ciudadanos ha transformado al sistema de parquímetros de una herramienta de ordenamiento vial en un mecanismo eminentemente recaudatorio basado en la sanción.
La falta de transparencia contrasta con las condiciones del servicio. Habitantes de diversas colonias han denunciado parquímetros obsoletos, fallas constantes en los equipos y la ausencia de nuevos dispositivos que faciliten el pago y reduzcan conflictos. En contraste, donde sí se ha observado una inversión notable es en el aumento de las “arañas” inmovilizadoras, que pasaron de ser unas cuantas a contarse por cientos en los últimos dos años.
El descontento social se ha intensificado, particularmente durante temporadas vacacionales, cuando el sistema vuelve a colocarse en el centro de las quejas, tanto de residentes como de turistas nacionales y extranjeros. Visitantes han señalado sanciones aplicadas casi de manera inmediata y la falta de información clara sobre los procesos de pago y regularización.
Al respecto, el regidor Juan Novelo Zapata informó que se documentaron múltiples casos de turistas infraccionados sin orientación adecuada, por lo que anunció que en las próximas semanas se propondrá analizar el funcionamiento del sistema durante periodos de alta afluencia turística. Entre las medidas a considerar se encuentran esquemas preventivos o apercibimientos antes de imponer sanciones económicas.
Mientras tanto, PlayaParq cumple dos años sin transparentar sus ingresos, en un contexto donde la exigencia ciudadana apunta no solo a la rendición de cuentas, sino a que los recursos recaudados se reflejen en mejoras reales para la movilidad y la imagen urbana de Playa del Carmen.
